Tras la ausencia de los apoderados del cerebro de DMG al complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, un Juez de Control de Garantías decidió suspender la audiencia que había sido programada este miércoles, dentro del proceso judicial que enfrenta el personero Distrital, Francisco Rojas Birry, supuestamente vinculado con la intervenida firma.
El hecho dio al traste con el propósito de la Fiscalía de esgrimir una serie de argumentos adicionales, que respaldarían su requerimiento de acopiar los testimonios de David Murcia Guzmán y su ex socio, William Suárez, antes del juicio al que será sometido el funcionario de la capital de la República.
La Juez no hizo expresa una nueva fecha para citar nuevamente a la audiencia, pero sí tuvo un argumento adicional para suspender la diligencia programada en horas de la mañana, que fue la ausencia de los abogados defensores de Rojas Birry.
Ante la imposibilidad de dar lugar a los alegatos de las partes, empiezan agotarse los plazos para la práctica de la prueba anticipada, teniendo en cuenta la inminencia de la extradición de los testigos a Estados Unidos, requeridos por su supuesta responsabilidad en actividades delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
El martes pasado, la Juez 18 Penal, con funciones de Control de Garantías, dennegó la solicitud de la Fiscalía, frente al acopio de los testimonios, aduciendo que no se cumplían todos los requisitos que la Ley exige para que se puedan efectuar este tipo de diligencias antes de que fueran solicitados en audiencia preparatoria.
Pese a su inasistencia al Juzgado, los defensores de Murcia Guzmán manifestaron que su cliente está en entera disposición de colaborar con la Justicia colombiana y declarar en los procesos relacionados con el caso de DMG.
El 17 de diciembre, el cerebro de la captadora ilegal de dinero dijo en entrevista citada por la Fiscalía General de la Nación que, efectivamente, la firma que dirigía había asistido a Rojas Birry con 200 millones de pesos, declaración que será anexada al expediente del proceso que enfrenta el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito de particulares.