Se nota que aún le queda esa voz de mando que cultivó durante más de 30 años en el Ejército. Con el pulso firme y convencido de la injusta condena de 40 años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por la masacre de Mapiripán —ocurrida en julio de 1997; 49 víctimas— así se despachó con El Espectador.
¿Qué siente usted con la palabra “condenado” a sus espaldas?
Una gran injusticia, una arbitrariedad, una desolación. El Tribunal Superior de Bogotá, en este caso, administró injusticia. Se ignoraron todas las pruebas a mi favor, porque el acervo probatorio es contundente y soy inocente.
¿Cuántos años tiene, general?
61.
Según la sentencia usted terminaría su condena a los 101 años…
Más o menos. Cuando cumpla 101 años debería terminar de pagar la condena. Yo ya llevo cuatro medidas de aseguramiento y con la justicia colombiana no se le haga raro que en el cumpleaños 101 me dicten la quinta. No hay quinto malo.
¿Desconfía de la justicia colombiana?
La justicia de este país es ambivalente. El Juzgado Noveno Especializado de Bogotá me absolvió en primera instancia con una larga sentencia, razonada, concienzuda. Ahí creía en la justicia colombiana. Pero el fallo del Tribunal Superior es cuestionable, injusto y eso me hace perder la fe en la justicia colombiana. Voy a apelar la sentencia ante la Corte Suprema.
¿Y si la Corte confirma el fallo?
Todo es posible, pero tengo esperanza en la Corte. Si llega a suceder algo adverso recurriré a la tutela y si finalmente este caso tan emblemático no puede manejarlo la justicia de este país es mejor que lo haga la Corte Penal Internacional. Acudiré a instancias internacionales de ser necesario. Sólo pido justicia.
¿Justicia, en su caso, es que lo absuelvan?
Justo no se trata de absolver. Lo que sucede es que para condenar a alguien debe haber certeza del delito y en el caso mío existe prueba plena de que soy inocente y aún así me condenaron.
¿Entonces el Tribunal Superior de Bogotá prevaricó?
Sí porque los magistrados obraron contrario a la verdad.
¿Cuáles pruebas desconoció, según usted, el Tribunal?
Le voy a explicar: Mapiripán no formaba parte de mi jurisdicción de la VII Brigada; en esa zona además había más tropas que las que yo tenía, allá estaba la Brigada Móvil 2, el Batallón Joaquín París y la base Antinarcóticos de la Policía, o sea que no era una población abandonada ni huérfana, allá había unas tropas que debían velar por la seguridad de esos habitantes, pero esas tropas no eran mías como tampoco esa jurisdicción. Aparte de eso, yo no fui informado de la incursión paramilitar debidamente. El juez de Mapiripán, de su puño y letra, le mandó un documento alertando de la situación al Tribunal de Villavicencio, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a un delegado de Derechos Humanos, un doctor Gómez López, y lo más asombroso es que ninguno de esos tres puso en conocimiento de la Fuerza Pública la alertan del juez de Mapiripán.
Conclusión: deberían investigarlos por omisión.
Al menos esas tres entidades que le nombro. Pero como aquí la justicia es pa los de ruana.
¿Qué otros oficiales permitieron la masacre?
Reconozco que hubo connivencia entre las Auc y la Fuerza Pública. De aeropuertos oficiales del Urabá partieron los aviones con los paramilitares que llegaron después a Mapiripán. Eso lo sabe la Fiscalía desde 1998, pero no indagó. A Guaviare llegaron los vuelos donde había una base antinarcóticos de la Policía que dependía del coronel Leonardo Gallego. Pero fíjese que todo el mundo es feliz condenando al general Uscátegui, pero no investigan qué fue lo que pasó.
¿Cree que sus enemigos están felices por esta condena?
Por supuesto. Hay más de uno interesado en que condenen a un general del Ejército porque así se ataca a la institución militar.
Usted dijo alguna vez que si lo condenaban no se iba a hundir solo. ¿Hay superiores suyos que están pasando de agache?
Todo está en el proceso. Yo me refería al coronel Lino Hernando Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2, y el coronel Hernán Orozco, que colaboraron en la masacre, como lo dijo Salvatore Mancuso. Pero fíjese que ningún desmovilizado ha mencionado mi nombre en sus audiencias de Justicia y Paz.
En el marco de esa ley, esos desmovilizados que perpetraron la masacre saldrán de la cárcel en unos tres años, mientras usted fue condenado a 40 años.
Es absurdo y asombroso que a un bárbaro de esos, a un carnicero de esos, máximo le metan ocho años de cárcel mientras a un inocente le meten 40 años.
¿Por qué las ONG le han dado tanto palo, general?
Porque la cabeza de un general siempre es rentable. No se olvide que estamos en una guerra jurídica, nosotros ganamos las batallas militares pero perdemos la guerra jurídica y terminamos en la cárcel.
¿A su hijo de 10 años cómo le explica su inocencia cuando la justicia lo declara culpable?
Es muy difícil, pero él en su cerebro y su corazón sabe que su padre es inocente, no necesita pruebas ni testimonios ni juicios.
¿Qué les dice a los familiares de las 49 víctimas que fueron torturadas, mutiladas y tiradas al río Guaviare en la atroz masacre de Mapiripán?
Que reconozco su drama, que tienen todo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación porque allí se cometió un delito de lesa humanidad y desafortunadamente con lo que está sucediendo con la justicia colombiana a mí me convirtieron en otra víctima de Mapiripán, yo pasé a engrosar la lista de las víctimas de esa masacre.