Una seria retractación presentó Daniel Serrano Gomez, considerado como el testigo clave en el proceso que se adelanta contra 24 personas por su presunta participación señaladas de ser testaferros del Cartel de Cali comandando por los hermanos Rodríguez.
Vía teleconferencia desde el consulado en Miami en Estados Unidos, Serrano Gómez considerado de ser el contador de los Rodríguez Orejuela manifestó que los trabajadores de drogas La Rebaja desconocían por completo de las actividades de lavado de activos.
El contador de los narcotraficantes señaló que durante su declaración en 2007 fue presionado por una fiscal para que acusara a los trabajadores de la famosa droguería de incurrir en actividades ilícitas.
«Yo lo hice por congraciarme con una fiscal de Colombia, (Luz Ángela) Bahamón, porque tenía conocimiento que me iban abrir otro proceso en Colombia a pesar de que ya estaba extraditado a Estados Unidos«, precisó el testigo.
Dicha declaración, según el testigo, fue tomada sin la presencia de su abogado. A lo largo del cuestionario la fiscal le dijo que «lo ayudaba» si presentaba ciertas acusaciones, las cuales fueron el detonante para abrir el proceso en contra de los trabajadores.
Al conocer de esto, y ya extraditado, presentó un recurso ante un notario de las Vegas, Nevada, con el fin de retractarse y asegurar que todo lo que dijo fue por las presiones y beneficios jurídicos que le prometió la fiscal Bahamón.
«Cuando supe que me querían procesar por un delito diferente por el que fui extraditado, ella (la fiscal) me dijo que intercedía a mí favor porque me estaban cambiando el acuerdo y violando los derechos de extradición. Me dijo que eran 10 preguntas algo informal entonces no había necesidad», señaló.
El testigo fue claro en afirmar que cada mes recogía un cheque para llevarlo al banco por órdenes de los hijos de los Rodríguez Orejuela y parte de esos dineros a Miguel Rodríguez Orejuela, de estas actividades los trabajadores no tenían el más mínimo de conocimiento. «Yo no quiero que se procese a gente inocente», precisó.
Los 24 trabajadores están procesados por el delito de lavado de activos y el juicio se adelanta en los juzgados especializados ante el juez primero especializado.