El Consejo Superior de la Judicatura está hoy, más que nunca, en el ojo del huracán. Las decisiones que sus magistrados han tomado, al menos en el último año, han causado serias fricciones con la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al punto en que varios magistrados han sugerido en más de una ocasión cerrar el Consejo. El panorama incluso se salió del ámbito del Palacio de Justicia cuando el miércoles el propio procurador, Alejandro Ordóñez, le dijo a la emisora W Radio que “hay que tomar decisiones para devolverle la credibilidad institucional a la Judicatura”.
La consternación de Ordóñez tenía que ver con que más de una treintena de militares han recuperado su libertad, por vencimiento de términos, en los procesos de los ‘falsos positivos’ de Soacha (Cundinamarca). El jefe del Ministerio Público criticó las demoras de la Judicatura para resolver lo que él llamó “aspectos lacerantes para la justicia” y calificó lo ocurrido de “escándalo para nuestras instituciones” de dimensiones internacionales. Además, el personero de Soacha y familiares de víctimas han advertido que por ese mismo canal, muchos otros militares podrían recobrar su libertad, a pesar de la gravedad de los crímenes que aquí se investigan.
Las altas cortes no se han quedado atrás en sus señalamientos. Nada más hace dos días, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, llamó a la Sala Disciplinaria de la Judicatura un “órgano descompuesto”, tras determinar que el ex congresista Iván Díaz Mateus —involucrado en la yidispolítica— debía cumplir los seis años en prisión que la Corte Suprema le había ordenado pero que él, gracias a una tutela en el Consejo Superior, había logrado revocar. “Que se tomen los cauces del organismo judicial que es y deje las decisiones políticas que en él se han venido tejiendo”, expresó Pinilla.
Hace un par de meses, el encontronazo fue con el Consejo de Estado, en referencia al proceso de un ex funcionario de la Defensoría del Pueblo, Jorge Enrique Bejarano, quien fue removido de su cargo en el año 2000 por la entonces cabeza de esa institución, Eduardo Cifuentes. Luego de un tedioso proceso administrativo de siete años, el Consejo de Estado le ordenó a la Defensoría reintegrar a Bejarano, fallo que quedó sin efectos, de nuevo por una tutela interpuesta ante el Consejo Superior. A finales de octubre del año pasado, el Consejo de Estado no sólo ratificó su determinación, sino que indicó que la Judicatura “se extralimitó en el ejercicio de su función”.
El principal choque de trenes, sin duda, lo han protagonizado la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura. En diciembre pasado, el ambiente estaba tan tenso entre ambas corporaciones que cuando la Corte condenó a 40 años de cárcel al ex gobernador de Sucre Salvador Arana, por su relación con los paramilitares, indicó en su sentencia: “En el evento en que alguna autoridad pretenda la impunidad de los hechos juzgados en el presente asunto, se remitirá copia de la actuación a la Corte Penal Internacional”. El dedo apuntaba al Consejo Superior, el cual, según la misma Corte, quería abusar del recurso de las tutelas para tumbar la parapolítica.
Los antecedentes, según la Corte, eran evidentes. En menos de dos meses, entre agosto y septiembre de 2009, la Judicatura había dejado sin piso los fallos contra el ex parlamentario Iván Díaz Mateus y la ex representante Sandra Arabella Velásquez, condenada por el delito de falsedad ideológica en documento público. El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, respondió en ese momento que la Corte quería “imponer un gobierno de jueces” y rechazó que los pronunciamientos de su tribunal se tradujeran en impunidad.
Tras los reclamos del Procurador y del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Claros defendió las actuaciones de su corporación. Señaló la “extrañeza” que le produjeron a él y a sus colegas las palabras de Pinilla, argumentó que la decisión sobre Díaz Mateus se había tomado con base en antecedentes jurídicos y afirmó que esta corporación seguiría conociendo tutelas. Sobre las dilaciones en los procesos de los ‘falsos positivos’, Claros negó la responsabilidad del Consejo Superior en el vencimiento de términos, aunque aseveró que la Secretaría de su Sala sería investigada para establecer si hubo demoras en las notificaciones.
Son varios los sectores de la justicia que estiman que la Judicatura, cuyos magistrados son elegidos por el Congreso, tiene un origen y un fin exclusivamente políticos y que por esta razón debería ser reformada o, por qué no, clausurada. No obstante, los magistrados que la integran repiten hasta el cansancio que sus decisiones están regidas por las normas. ¿Cuál será la conclusión de esta intrincada polémica?