El anuncio se hizo público duramte el acto religioso que conmemoró el aniversario 23 de la tragedia, que se desató con la toma del edificio judicial por la ahora disuelta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19).
Unos 35 rebeldes irrumpieron el 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, que servía de sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo de Estado, con el propósito de enjuiciar al presidente de entonces, Belisario Betancur (1982-1986).
El asalto dio paso a una gigantesca operación militar de retoma del edificio, que se incendió y en el que murieron 95 personas, entre ellas una decena de magistrados, y 12 más desaparecieron.
En un comunicado divulgado en Bogotá, la ONG dijo que su exhortación alcanza a "quienes decidieron que tomar el recinto del Palacio de Justicia era una acción política aceptable, aun a costa del sacrificio de personas inocentes".
También "a aquellos que, por acción u omisión, causaron la destrucción total de dichas instalaciones, sin reparar en el derecho a la vida y la dignidad de las personas que se encontraban en su interior" , agregó el CIJT, que apoya las tareas de la Comisión de la Verdad creada hace tres años para que esclarezca los hechos.
La ONG consideró que el reconocimiento de responsabilidades "debe ser hecho en el menor plazo posible, incluyendo una petición expresa de perdón a las víctimas sobrevivientes, viudas, huérfanos y familiares de los que perdieron la vida y de quienes aún hoy siguen buscando a sus seres queridos".
El reconocimiento de responsabilidades, agregó el CIJT, es una necesidad impostergable que, además se constituye en el principal asunto pendiente dentro del proceso de esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia.