La ex directora operativa del DAS, Luz Marina Rodríguez y el funcionarios Bernardo Murillo y German Alberto Ospina, son trasladados a la Escuela del DAS de Aquinindia, en la vía Cota, mientras que los otros tres funcionarios detenidos este fin de semana – y a quien les legalizaron su captura este sábado en la noche- permenecerán en una guarnición militar en Bogotá.
Este sábado en la noche una jueza de Bogotá ordenó prisión provisional para los cinco ex funcionarios de los servicios de inteligencia al confirmar su responsabilidad en las escuchas, seguimientos e infiltraciones que hicieron contra magistrados, políticos y periodistas..
La magistrada aceptó las conclusiones del fiscal del caso, Misael Ramírez, tras una audiencia de más de ocho horas que finalizó en la madrugada del domingo.
Ramírez argumentó que los ex funcionarios Luz Marina Rodríguez, Fernando Tabares, Fernando Lagos, Bernardo Murillo y Germán Albeiro Ospina constituían un grupo que, dentro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) , se encargaba de desarrollar esas labores de inteligencia por orden del Gobierno de Álvaro Uribe.
De esta forma, la jueza ordenó una "medida de aseguramiento de detención carcelaria" (detención preventiva sin beneficio de excarcelación) para estas personas, quienes, a su juicio, son un peligro para la sociedad y en libertad podrían interferir en el curso de la investigación.
Consideró que los cinco implicados "se aprovecharon de la calidad de mando" y expidieron órdenes escritas y verbales, por lo que calificó su decisión de encarcelarlos como "necesaria, adecuada y razonable para proteger a la sociedad".
La titular del juzgado 18 de Bogotá, cuya identidad no ha sido revelada, destinó a Tabares y Lagos, ex directores de inteligencia, a una guarnición militar de la Armada y dispuso que Rodríguez, ex directora operativa, y los funcionarios Murillo y Ospina, sean trasladados a la Escuela del DAS de Aquinindia.
Los abogados de los acusados, que se declararon ayer inocentes, apelaron la decisión judicial y recurrirán al Tribunal Superior de Bogotá.
Pesa sobre ellos la acusación de los delitos de concierto para delinquir, prevaricación por acción y abuso de autoridad agravado.
También se reveló que, aparte de escuchas y seguimientos, se hicieron infiltraciones de reuniones entre magistrados, se elaboraron perfiles de jueces y se calificó de "objetivos políticos" a la senadora opositora Piedad Córdoba y al ahora candidato presidencial por el Polo Democrático, Gustavo Petro.