A Olga Lucía Cruz se le acabó la tranquilidad que le quedaba la noche del 26 de diciembre de 2011, cuando dos hombres a bordo de una camioneta se parquearon frente a su cigarrería en Bogotá y dispararon con balines contra el negocio. Destruyeron el ventanal de la fachada y parte de la mercancía. Olga no esperaba que hasta Bogotá llegara la violencia que ha perseguido a su familia por 13 años. Todo, asegura, por una pugna alrededor de un predio familiar que le fue expropiado a su familia y que esperan les sea devuelto por medio de una demanda, conocida por El Espectador. Han sido 13 años de un viacrucis que empezó con la desaparición forzada de su hermano y se intensificó cuando comenzó la pugna por un predio en San Carlos de Guaroa (Meta) que le pertenecía a su padre desde 1965. El padre, Sinaí Cruz, fue un colonizador del Llano. En 1922, cuando apenas tenía 11 años, decidido a abrirse paso en la agreste geografía del Meta, participó en la fundación de Acacías (Meta). Luego, en 1965, partió con tres amigos hacia lo que hoy es el municipio de San Carlos de Guaroa. Cada uno colonizó sus tierras. Cruz se hizo con 200 hectáreas cuya propiedad se oficializó en escrituras públicas registradas en 1968 en el municipio de Acacías. Al predio lo bautizó hacienda Santa Lucía, en honor a la santa por la que su esposa Cecilia Castro sentía gran fervor. Su familia ocupó pacíficamente el predio por casi tres décadas, hasta 2002, cuando comenzó la seguidilla de violencia en su contra que aún no se detiene. El 16 de julio de ese año, José Antonio Cruz, su hijo, pese a un malestar físico que lo aquejaba, salió de su vivienda en Acacías hacia Santa Lucía, a investigar la desaparición de un toro padrote (reproductor). Por esos días, José Antonio había sido víctima de intimidaciones por parte de hombres que, al parecer, hacían parte de las filas de las Autodefensas Campesinas del Casanare, que entonces dominaban la región. Desde ese día nunca más lo volvieron a ver. Tras estos hechos, la familia, asustada, se desplazó. Decidieron dejar la finca en manos de cuidadores. Pero empezaron a desaparecer las reses de la familia, que entonces eran alrededor de mil y de las cuales ya no queda nada. Luego de que el bloque Centauros de las autodefensas —el nuevo poder en la región— se desmovilizara entre 2005 y 2006, la familia creyó que vendrían tiempos de calma y planearon volver a Santa Lucía. Nada de eso sucedió. Para colmo de males, en 2007 se inició otro capítulo de este calvario con las visitas de Hernando Beltrán, entonces alcalde de San Carlos de Guaroa, y Franklin Marín, su asesor jurídico, a la residencia de Sinaí Cruz en Acacías, en las que insistentemente le planteaban la compra de 15 hectáreas del predio para ubicar allí el basurero del municipio. Pero Cruz se negaba a entregar el predio en el que veía el futuro de su familia. En los primeros días de julio el exalcalde y su asesor llegaron acompañados de hombres armados que se transportaban en camionetas. Traían las escrituras listas para ser firmadas por Cruz, quien ese día no estaba en la vivienda. Ante la negativa de la venta, el alcalde expropió el predio de los Cruz mediante una resolución de julio de 2007. El 9 de abril de 2008 la familia presentó una demanda de nulidad ante el Tribunal del Meta. Más de dos años después la justicia tumbó la expropiación por considerarla “por fuera de la presunción de legalidad”. Mientras el proceso cursaba las intimidaciones por parte de desconocidos hacia los Cruz no cesaron: motos sin placas los interceptaban en la carretera y recibían llamadas amenazantes. Al sentirse amparados por la justicia, los Cruz se prepararon para volver a Santa Lucía. Pero el 13 de abril de 2011 unos vecinos les informaron que unos desconocidos habían ingresado al predio. “Esa gente es de los esmeralderos duros de Carranza. Hay que tenerles miedo porque son de los ‘paras’ duros”, les dijo uno de ellos, en referencia al zar de las esmeraldas, el fallecido Víctor Carranza Niño. Los Cruz interpusieron un lanzamiento de ocupación de hecho contra los extraños, que luego se identificaron como José Cifuentes y Joselín Ruiz, además de otro hombre que no reveló su nombre y que estaba encapuchado. Los tres le pidieron a la Policía un plazo de 24 horas para abandonar el predio, pero nunca lo hicieron.La diligencia se fue aplazando por parte de la Alcaldía y el abogado de Rómulo Molina, quien se presentó como un esmeraldero boyacense y a través de su abogado se acreditó como poseedor de las tierras, mediante un documento de compraventa en el que dice que el predio le fue transferido por Guillermo Pérez, pese a que en las escrituras es claro que el dueño es Sinaí Cruz. Sinaí Cruz murió el 30 de abril de 2012, a los 101 años, sin saber nada de su hijo José Antonio y resignado a la pérdida de Santa Lucía, el lugar donde esperaba que crecieran sus descendientes, que ya van por la quinta generación. Sus hijos continúan en la pugna por Santa Lucía. Para eso interpusieron recientemente una solicitud de restitución de tierras ante un juez civil de Villavicencio. A la fecha, Santa Lucía sigue siendo el basurero del pueblo.