Juan Martínez* iba borracho en su carro en abril de 2002, la Policía de Miami lo arrestó y tuvo que pagar una multa de US$1500 para salir; cuando lo hizo, llamó a su esposa Melisa Andrade*.
La mujer estaba en el hospital con su madre que había sufrido una crisis nerviosa "que atribuyó a la zozobra que a la suegra del sindicado le produjo la detención de éste, por cuenta de su irresponsabilidad al manejar automóvil de la manera imprudente ya señalada".
Cinco días después Juan y Melisa empezaron a discutir de una forma "acalorada", "con agresiones físicas mutuas, incidente que al ser observado por la anciana señora, le ocasionó una impresión tan fuerte, que le produjo un ataque cardíaco mortal y súbito. Cuando Melisa, médica de profesión, se percató del deceso de su progenitora, culpó de ello al encausado, entrando en un estado de ira e histeria, al punto que se fue para la cocina, en donde se armó con un cuchillo con el que, supuestamente, trató infructuosamente de agredirlo".
De la pelea resultó muerta Melisa y Juan ileso; entonces decidió tomar a las dos mujeres, colocarlas en "posición fetal para reducir su tamaño", las metió en unas cajas y después las desapareció. "Igualmente, el sindicado limpió el lugar de los cruentos sucesos, llegando incluso a mandar cambiar la alfombra manchada con la sangre de su suegra y esposa. Pudo establecerse que, además, Juan Martínez llamó al trabajo de su esposa para excusar la inasistencia de ésta, aduciendo falsos quebrantos de salud", reseñó la Sala Penal de la Corte.
En mayo, siete días después de las muertes, Juan sale del país con su hijo menor de edad y llega a Barranquilla, con su familia, luego se va para Santa Martha y en julio es aprehendido por la Policía. Se le acusaba en ese momento de secuestro, porque una hermana e hija de las fallecidas denunció la repentina llegada de Juan al país en compañía de su hijo, y al tiempo el no tener noticias de su hermana.
En primera y segunda instancia Juan Martínez fue condenado a pagar 28 años de prisión, además de 20 años de inhabilidad para desempeñar funciones públicas, por el delito de homicidio agravado, sentencia que fue confirmada por la Corte al no casar la sentencia.
La decisión se debió, entre otras razones, a que el examen psiquiátrico determinó que "el comportamiento del procesado no correspondía con aquél que suelen observar quienes han provocado el homicidio accidental de una persona cercana"; además de "lo improbable e inverosímil de sus exculpaciones, mentiras y pésimas exculpaciones; también lo mentiroso que resultaron las explicaciones del procesado al enfrentarlas con otras declaraciones, incluso las de sus allegados".