Los magistrados Ariel Salazar, Ruth Marina Díaz y Armando Tolosa presentaron sus respectivos impedimentos para conocer los recursos de impugnación presentados ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en contra del fallo que ordenó la restitución de Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogotá.
Los dos primeros argumentron que tienen familiares trabajando en la Procuraduría General, mientras que el tercero aseguró que tiene un allegado laborando en la Alcaldía de Bogotá. Igualmente manifestaron que tienen una relación de amistad con el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Dichos impedimentos tendrán que ser resueltos por los otros cuatro magistrados que conforman la Sala. De avalarlos se tendrá que nombrar a un nuevo magistrado ponente quien deberá ser el encargado de asumir el conocimiento del complejo caso y tomará una decisión de fondo en los plazos que se tienen previstos.
Debido a esto los términos para tomar una decisión de fondo frente a esta impugnación se suspenden mientras se resuelven los impedimentos presentados por los dos togados, a quienes por reparto les tocó el conocimiento de estas acciones instauradas por el presidente de la República, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General.
Las impugnaciones buscan que se anule el fallo de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá que le ordenó acatar al Gobierno las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que favorecían a Gustavo Petro.
En fallo del 13 de enero de 2014, la Sala Disciplinaria dejó en firme la sanción disciplinaria en contra del mandatario distrital consistente en inhabilidad y destitución por 15 años para ejercer cargos públicos. Esto por las fallas en la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
En contra de este fallo se interpuso además una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. Se espera que este viernes el magistrado ponente, Gerardo Arenas tome una decisión sobre las medidas cautelares de urgencia presentadas por la defensa de Petro con el fin de suspender provisionalmente los alcances de la decisión del Ministerio Público.