La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme el fallo en el cual se negó la solicitud para emitir medidas cautelares en contra de la decisión del Gobierno de vender sus acciones de la empresa de energía Isagén S.A.
Al revisar el recurso presentado por el abogado Guillermo Rodríguez, quien defiende los intereses del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se consideró que no se pudo justificar la necesidad de emitir dichas medidas.
Con esto se buscaba suspender provisionalmente la venta de la electrificadora hasta que el Tribunal Administrativo no tome una decisión de fondo frente a la acción popular presentada por el exmandatario y ahora Senador de la República el pasado 8 de agosto.
En este sentido no se aceptaron los argumentos que indicaban que con la decisión gubernamental se estaban afectando los intereses colectivos de los colombianos puesto que se estaba presentando un detrimento al patrimonio público.
El Tribunal consideró que no se presentaron evidencias para inferir que el precio de la acción fuera subvalorado o modificado de manera injustificada en el decreto en el cual se aumento el precio de la acción de la hidroeléctrica.
Por su parte, el abogado Rodríguez aseguró que estudiarán la presentación de nuevos mecanismos jurídicos dirigidos a la suspensión de la venta de la empresa de energía. Igualmente señaló que presentarán una acción contra el magistrado ponente.
Y es que para el jurista, la Sala no estudió de manera adecuada los “argumentos sólidos y probatorios” que demuestran que con la decisión del Gobierno se presenta “un detrimento patrimonial por la privatización de Isagén”.
“Están permitiendo que se dé de alguna la enajenación inconveniente, ilegal, que no le conviene a todos los colombianos (…) Lo que haremos ahora es solicitar la medida cautelar y presentaremos una acción de amparo ante el Consejo de Estado y solicitaremos una vigilancia especial al Consejo Superior de la Judicatura”, precisó el jurista.
El proceso
El pasado 8 de agosto, la defensa del exmandatario presentó por medio de su abogado una acción en la que se argumentó que con esta decisión se pone en riesgo la moralidad administrativa, patrimonio público y la seguridad y salubridad pública. (Ver Gobierno anuncia venta de la participación de la Nación en Isagén)
En este documento se le pide al Tribunal que ordene la suspensión del proceso de expedición del decreto que contemplaría “el programa de enajenación de las acciones del Estado de Isagén S.A.S.P y en caso de que se haya emitido se ordene la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva la acción”.
Y es que para el demandante, Isagén es una empresa con eficiente control por parte del Estado lo que demuestra su superávit y eficiencia financiera por lo que señala que hasta la fecha se desconocen las razones, causas y consecuencias del Gobierno de Juan Manuel Santos de poner a la venta su paquete accionario.
En el texto se hacen varias referencias al hecho de que al momento de tomar esta decisión no se tuvieron en cuenta los reglamentos “de la tercera empresa termoeléctrica e hidroeléctrica más importante del país” ni de sus accionistas minoritarios. (Ver Privatización energética)
En este punto se le pide al Tribunal que le solicite al Gobierno una explicación ante la opinión pública y todos los interesados los motivos de esta decisión.»Se desconoce la motivación justificada en estudios financieros y técnicos que permitan concluir la decisión del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Igualmente se indica que no se tiene en cuenta el impacto que puede traer esta acción frente a la utilidad de la Nación. “El paquete accionario de Isagén es de 2.726 millones de acciones de acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) Isagén ha girado al estado en los últimos años 824 mil millones de pesos para inversión social e infraestructura. A diciembre 31 la compañía tiene en activos 7 billones de pesos sin embargo no hay un estudio que estime un valor real a la fecha”.
En la demanda, el expresidente asegura que la aprobación registrada en el Consejo de Ministros es una clara violación al conjunto de valores y principios que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de esta magnitud. “Se estaría lesionando el patrimonio público en virtud de que los recursos que estima recibir el Gobierno Nacional producto de dicha venta serían de 4.5 billones de pesos, valor que se estimó para el año 2010”, por lo que se indica que no se tienen evidencias claras que demuestren la necesidad de su venta y mucho menos su valor actual.