Una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fijó para el próximo de 3 enero la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el Gobernador del Chocó, Efrén Palacios Serna. Esto tras aceptar la solicitud de la Fiscalía General que pidió el traslado inmediato del saliente gobernador departamental a Bogotá cuando cumpla los 10 días de arresto.
Palacios Serna fue detenido en la tarde del pasado martes en el aeropuerto de Quibdó cuando se disponía abordar un avión con destino a la capital de la República para que cumpliera una orden de arresto emitida por el Tribunal Superior de Chocó por el desacato de una acción de tutela. Agentes de la Sijín lo trasladaron a la estación de la Policía para que cumpla el arresto.
Por quinta vez consecutiva la diligencia judicial tuvo que ser aplazada. En la primera oportunidad se suspendió puesto que el mandatario no contaba con abogado de confianza. Una semana después aseguró que pese a que había contratado a un profesional del derecho éste tenía que conocer el proceso en cuestión por lo que se reprogramó dos semanas después.
Posteriormente presentó una incapacidad médica lo que obligó a la magistrada del Tribunal Superior fijar una nueva fecha. A la nueva diligencia no se hizo presente porque estaba cumpliendo tres días de arresto por el desacato de una acción de tutela que obligaba el pago de una pensión a un funcionario.
Fuentes cercanas al proceso han manifestado que la paciencia de la Fiscalía General se está agotando puesto que consideran que lo que aquí se está presentando en una serie de maniobras dilatorias por parte del saliente mandatario departamental. Debido a esto han pedido que se tomen medidas de fondo para garantizar la presencia de Palacios en la audiencia.
Según la investigación, el Gobernador habría firmado una serie de contratos para el sector de la salud. Sin embargo, los mismos habrían sido utilizados para el pago de unas deudas que tenía de su campaña política en el año 2010. Por esto le serán imputados los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.
“El departamento del Chocó a través de la Secretaría de Salud celebró contratos de prestación de servicios para el suministro de medicamentes POS y no POS para población vulnerable. En el trámite y celebración de esos contratos se violaron los procesos de contratación pública porque se inobservaron requisitos legales”, precisó el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo el pasado 24 de noviembre tras anunciar la imputación de cargos.
El Vicefiscal General aseguró que el Gobernador «habría utilizado de manera indebida recursos del sistema de seguridad social para el pago de créditos de su campaña política. Recursos que habrían debido ser destinados a la compra de medicamentos para población vulnerable».
Las pruebas recolectadas, explicó el Vicefiscal General, permiten inferir que en la actividad contractual existió una participación directa del Gobernador. “Al constituir la red de prestación de servicios era consciente que la única finalidad era apropiar los recursos del erario para retribuir los gastos de su campaña”.