La Corte Constitucional aceptó el estudio de la acción de tutela presentada por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego en contra del fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
En la acción judicial, el exmandatario distrital consideró que la Sala Disciplinaria le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, por lo que pide que se suspenda que fue dejado en firme el pasado 13 de enero. El estudio le correspondió al magistrado Jorge Iván Palacio. (Ver Corte Constitucional podría dictar medidas cautelares en caso Petro)
Vale recordar que el pasado 7 de marzo, en el marco del debate por la decisión del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Constitucional explicó que si es criterio del magistrado se podrían dictar medidas cautelares en este caso mientras se toma una decisión de fondo. (Ver Corte Constitucional definirá futuro de Gustavo Petro: presidente de la Judicatura)
”Ya para la decisión definitiva es una medida cautelar que se mantiene mientras se toma la decisión correspondiente, si no hay pruebas que practicar entonces la Corte tiene un máximo de tres meses para resolver”, precisó el magistrado Vargas Silva en el marco de una rueda de prensa.
El presidente de la Corporación prefirió no dar declaraciones sobre a la adopción o no por parte del presidente de la República de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) frente a la acción interpuesta por los abogados del alcalde de Bogotá.
“En ese sentido es mejor respetar las competencias del presidente de la República, y en su leal saber y entender resuelva conforme a lo que observe en la Constitución Política”, explicó.