Argumentando que se incluyeron argumentos carentes de veracidad en su decisión, fue tutelado el fallo del Consejo de Estado a través del cual se le mantuvo la investidura a la ex senadora, Martha Lucía Ramírez.
El accionante, Saúl Villar, insiste en que los magistrados incurren en un grave error interpretativo al precisar que el contrato estatal celebrado por la hoy precandidata presidencial se concertó de manera verbal, antes de la fecha que la inhabilitaba, y que la misma colegiatura ha sentado precedentes que desvirtúan es postura.
Lo paradójico, asegura , es que en un caso de la misma naturaleza por él demandado, el Consejo de Estado decretó la pérdida de la investidura del representante a la Cámara por el Guaviare, Juan Gabriel Díaz Bernal, considerando el contrato empezó a hacerse efectivo con la firma de la orden de servicios y no cuando las partes de sentaron a acordar las condiciones del convenio.
En cambio, en el caso de la también ex Ministra de Defensa, la Alta Corporación precisó que el acuerdo contractual se produjo no mediante la firma de tal documento sino en el momento en que las partes convinieron celebrar el pacto, que, incluso, no fue la misma interpretación que tuvo el tribunal para declarar nula su elección, que fue completamente opuesta en este caso.
Más sorprendente, dice el texto de la acción, resulta que el ex congresista Díaz Bernal, teniendo en cuenta la decisión en torno a Martha Lucía Ramírez, haya presentado una acción de tutela para que se revoque la decisión a través de la cual se le decretó la muerte política.
El ex parlamentario se contactó con su propio demandante y coincidió con él en que se trataba de la misma situación, por cuanto considera que el Consejo de Estado debe revocar una de las dos decisiones, porque tratándose de idénticas situaciones con decisiones proporcionalmente opuestas, es evidente que en una de las dos hubo violaciones al debido proceso.
Para los accionantes, antes enfrentados jurídicamente, los magistrados del tribunal de los contencioso administrativo incurrieron en vías de hecho y de ahí que la hayan pedido a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que deje sin efectos una de las decisiones.