Muy movidas estuvieron las altas cortes el miércoles. El Consejo de Estado oficializó el nombre de su candidato a la Procuraduría; la Corte Suprema de Justicia, después de una semana de revuelos y rumores, decidió no cambiar su jurisprudencia y seguir manteniendo la tesis de que si un congresista renuncia a su curul el alto tribunal pierde automáticamente la competencia para procesarlo; y, por último, esa corporación acusó al parlamentario caldense Dixon Ferney Tapasco por el delito de concierto para delinquir dentro del escándalo parapolítico.
En orden de importancia, podría decirse que aunque hasta el viernes pasado la Sala Penal de la Corte se inclinaba porque todos los procesos de la parapolítica en contra de ex congresistas que adelantaba la Fiscalía retornaran al alto tribunal, la corporación decidió mantener su jurisprudencia para no causar una inseguridad jurídica, lo que significa ni más ni menos que cualquier parlamentario procesado que renuncie a su curul deberá ser investigado por la Fiscalía. En ese contexto, la Corte le enviará en los próximos días los expedientes de Carlos García, Álvaro Morón, Gonzalo García, Humberto Builes y Guillermo Gaviria, quienes renunciaron al Legislativo.
En segundo lugar, la Corte acusó al controvertido parlamentario Dixon Ferney Tapasco por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa. El alto tribunal documentó reuniones y testimonios que revelaron que para la campaña de 2006 el representante se benefició de una orden impartida por los ‘paras’, en donde se repartieron los municipios de Caldas para favorecerlo electoralmente. En ese sentido, la declaración de la ex paramilitar Euridice Cortes fue fundamental: según dijo, el bloque Cacique Pipintá le asignó a Tapasco los municipios de Riosucio, Supía, Marmato, Chinchiná y Manizales.
De igual manera, la Sala Penal de la Corte profirió medida de aseguramiento en contra de la representante a la Cámara Sandra Arabella Velásquez Salcedo, por los delitos de falsedad ideológica y estafa agravada. Sin embargo, le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria. Pero no sólo la Corte Suprema se movió con decisiones judiciales. Con la oficialización de su candidato, el Consejo de Estado dio inició a la carrera por uno de los cargos más apetecidos: la Procuraduría General de la Nación. Así, fue postulado el ex senador liberal Darío Martínez Betancourt, quien obtuvo el respaldo mayoritario de la corporación luego de 30 votaciones entre los magistrados.
“Me siento muy honrado. Pero quiero aclarar que no se me puede etiquetar como un candidato de la oposición, sino como un ex congresista que tiene amigos de todos los partidos, incluidos los uribistas. Debo decir también que aspiro como Procurador a luchar por el equilibrio de poderes”, le dijo Martínez a El Espectador.
¿Se embolató postulación de Rodrigo Escobar?
Aunque en las últimas semanas ha venido sonando el nombre del actual magistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil como la carta del presidente Uribe para la Procuraduría, su inminente postulación se embolató. Y las razones son jurídicas. Resulta que según el Artículo 245 de la Constitución, “el gobierno no podrá conferir empleo a los magistrados de la Corte Constitucional durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro”.
En otras palabras, según le advirtieron al Primer Mandatario algunos juristas, existe un impedimento para que Escobar Gil (a quien se le vence el período en marzo próximo) pueda ser ternado por el Jefe de Estado. Otros académicos consultados sostienen que no habría líos jurídicos para postular a Escobar.
De cualquier manera, y ante esta perspectiva, se oye decir por los corredores del Palacio de Nariño que el seguro candidato del Presidente para la Procuraduría será el ex magistrado Eduardo Montealegre.