La Corte Suprema de Justicia reiteró su llamado al fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, para que en el menor tiempo posible continúe el proceso de asignación de casi 4.700 plazas laborales que fueron abiertas tras un concurso de méritos celebrado en 2007.
En consecuencia, en un plazo menor a las 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, la Fiscalía deberá continuar con el proceso iniciado a principio de año por directriz de la Sala Penal, con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero, lo que le ha demandado a la Fiscalía un esfuerzo adicional en la creación de casi 2 mil plazas nuevas de trabajo.
"La autoridad demandada debe continuar -como lo viene haciendo- proveyendo tales plazas en similares condiciones a las que fueron objeto de amparo en anteriores oportunidades, es decir con sujeción al debido proceso y sin dilación alguna, para luego continuar con los demás cargos hasta que el registro de elegibles se agote o pierda su vigencia", dice la sentencia.
La Corporación añadió que los cargos que fueron creados en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz ostentan esta condición en calidad de provisionalidad y, por tanto, no pueden ingresar por concurso.
Así mismo, la Corte dio cuenta de la inaplicabilidad de los concursos convocados por la Fiscalía en 2007 frente a las unidades especiales de infancia y adolescencia creadas al interior de ese organismo, debido a la especificidad de los conocimientos que se requieren para la escogencia de los aspirantes.
“Se descartan los cargos pertenecientes a la jurisdicción de infancia y adolescencia -creada por la Ley 1098 de 2006 -, al demandar ésta un tipo de conocimiento especializado que necesariamente conlleva una nueva convocatoria, como se efectuó al interior de la Rama Judicial, en la cual hasta la fecha fue convocado el primer concurso para su aprovisionamiento”, señaló el alto tribunal.