El 16 de diciembre de 1999, un juez de Bogotá condenó a 43 años de prisión a los sargentos (r) Justo Gil Zúñiga Labrador y Hernando Medina Camacho y absolvió al fallecido comandante paramilitar Carlos Castaño Gil por el asesinato del senador de la Unión Patriótica (UP), Manuel Cepeda Vargas, perpetrado el 9 de agosto de 1994 en la capital de la República. Pasados 14 años el caso vuelve a moverse por cuenta de una curiosa demanda interpuesta por un supuesto apoderado de Gil Zúñiga —un abogado de nombre Luis Edmundo Rivas, al parecer, exmagistrado de la Judicatura de Antioquia— para que se revise el caso de Gil Zúñiga y que acaba de ser negada por la Corte Suprema de Justicia.
En su demanda Rivas solicitó a la Corte la práctica de varias pruebas que —según él— demostrarían la inocencia de Gil Zúñiga, entre ellas, el libro Mi Confesión, escrito por el periodista Mauricio Aranguren tras una serie de entrevistas sostenidas con Carlos Castaño Gil, fallecido, de acuerdo con las autoridades, en abril de 2004. De acuerdo con Argote, en ese libro, Castaño confiesa que “el 9 de agosto de 1994 viajó a Bogotá y dirigió el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda, cuya muerte ordenó como respuesta a un asesinato cobarde ejecutado por las Farc fuera de combate, además que los hombres que realizaron la ejecución no se encontraban detenidos y habían sido un policía retirado de nombre Pionono Franco y otro muchacho ejecutado por la guerrilla ulteriormente”. Lo que –en su criterio– exculparía a Gil Zúñiga pese a las evidencias que hay de que él fue quien le disparó a Cepeda mientras Medina conducía.
Igualmente pidió que se allegara al proceso contra Gil una copia de la entrevista dada por Castaño al programa La Noche del canal RCN el 3 de enero de 2004. De acuerdo con Rivas, en la entrevista realizada por la periodista Claudia Gurisatti, Castaño “asumió la responsabilidad en la muerte del senador Manuel Cepeda, lamentándose de la forma como la justicia condenó a militares inocentes en tanto que él fue absuelto”. De la misma forma le solicitó a la Corte que se recaudaran las declaraciones de Gurisatti y Aranguren. Asimismo puso en duda al testigo clave en este caso, Elcías Muñoz.
El problema es que en su demanda Rivas no demostró contar con el poder para representar a Gil Zúñiga. Entre otras, el abogado, pese a presentarse como apoderado del sargento, adjunto a su demanda una copia de la condena contra su supuesto defendido bajada del portal en Internet de la ONG Equipo Nizkor Derechos Human Rights y no una copia autenticada.
Al respecto, la Corte Suprema sostuvo que “quien se anuncia como ‘apoderado’ de Gil Zúñiga, no allega poder especial para actuar dentro del marco de la acción de revisión (…). Como la simple manifestación de que se tiene poder para intervenir no suple la exigencia de su aportación, tal circunstancia aparece más que suficiente para que la Corte inadmita la demanda”. Y agregó que, “a pesar que quien se anuncia como apoderado del condenado, se constata que únicamente allegó un documento al parecer obtenido de la Internet —sin firmas— relativo a la sentencia dictada por aquel despacho”.
Por ello negó la demanda y dejó incólume la sentencia contra Justo Gil Zúñiga por un asesinato que vuelve a la memoria sobre todo en momentos en los que el Gobierno negocia con las Farc sobre la posibilidad de un acuerdo de paz e, incluso, la posibilidad de crear un partido que recoja las consignas que queden del posible acuerdo como lo intentó –en su momento– la UP hasta que el paramilitarismo –ayudado por algunos agentes del Estado– la exterminó.