Desde el pasado 18 de julio hay una orden de captura contra el excongresista liberal Luis Gonzalo Marín Correa por su presunta participación en una estafa por la que también se señala a su yerno, Franklin Boutin, preso por estos hechos y a quien se le imputaron cargos el pasado jueves. A los dos se les señala de haber estafado a dos constructoras de Bogotá con la venta de un predio en Suba del que no eran dueños y del que, al parecer, intentaron apropiarse recurriendo a varias falsedades y fraudes.
En conversación con este diario hace dos días, Luis Gonzalo Marín Correa dijo que se presentaría pronto a la Fiscalía. Sin embargo, al cierre de esta edición no lo había hecho. Por ahora el exparlamentario caldense es un prófugo de la justicia.
Entre los años 80 e inicios de los 90, Luis Gonzalo Marín Correa fue un destacado dirigente caldense y representante del liberalismo oficialista. Desde hace años se encuentra retirado de la política. Este año fue recordado por algunos medios de comunicación de Caldas porque hasta mediados de 2013 era beneficiario de una pensión de $19 millones, una de las más altas del departamento, la cual tuvo que ser reliquidada por un reciente fallo de la Corte Constitucional. No obstante, poco se había escuchado del excongresista en años recientes y ahora su nombre vuelve a sonar por un proceso que se ha convertido en una tragedia para su familia.
El exparlamentario y su yerno fueron demandados en marzo del año pasado por las empresas Inversiones Alcabama S.A. y Urbansa S.A. por, presuntamente, haberlas estafado y haberse quedado con $7.000 millones que les habían dado como adelanto de los $12.000 millones que el excongresista y su familiar les pedían por un predio que no era suyo. Cuando las urbanizadoras ya les habían entregado esa suma y se aprestaban a darles los $5.000 millones restantes, una llamada anónima las alertó de que las estaban estafando.
Las empresas iniciaron sus propias investigaciones y fueron dándose cuenta de que había varias irregularidades en el negocio con Marín Correa y Boutin por el predio conocido como El Pino, una propiedad de 28.000 metros cuadrados ubicada en Suba, entre las urbanizaciones Pinar de Suba I y II, en Bogotá.
A finales de los años 60, El Pino hacía parte de un predio más grande que era propiedad de Roberto Pineda Castillo. Éste le vendió parte del terreno al señor Carlos Enrique Latorre, quien a su vez lo vendió a la compañía Loge Limitada. La otra parte la compraron una compañía de seguros y una sociedad, que, por su parte, le vendieron a la constructora Provinsa S.A. Pineda Castillo quedó entonces con apenas 873 metros cuadrados de los 114.000 que tenía en principio.
En los terrenos, Provinsa S.A. construyó la urbanización Pinar de Suba I. Sin embargo, 11.000 metros cuadrados de la propiedad tuvieron que ser cedidos al Distrito, que pretendía construir allí un tramo de la Avenida La Conejera. Algo similar ocurrió con un predio aledaño a El Pino de propiedad de Eduardo Pineda, hermano de Roberto. El terreno, de 64.000 metros cuadrados, fue vendido a la empresa Cusezar, que construyó allí la urbanización Pinar de Suba II y que, al igual que Provinsa S.A., tuvo que ceder parte del predio al Distrito, en su caso 9.000 metros cuadrados.
Vale recordar que Pineda se había quedado con apenas 873 metros cuadrados del predio. No obstante, en una curiosa acta, supuestamente del 13 de noviembre de 1990, aparece Pineda vendiéndole 28.000 metros cuadrados de la propiedad a Carlos Enrique Latorre, venta que extrañamente no fue inscrita en el certificado de tradición y libertad de la propiedad hasta 2008.
Urbansa y Alcabama descubrieron que el acta en cuestión era falsa y que entre los 28.000 metros cuadrados vendidos se encontraban los terrenos cedidos por Cusezar y Provinsa al Distrito, que nunca fueron usados porque la Avenida La Conejera nunca se construyó.
A los pocos días de haberse inscrito la curiosa venta dentro del certificado de tradición y libertad, el predio aparece como vendido a Franklin Boutin y Luis Gonzalo Marín Correa. Según la inscripción, la propiedad fue vendida por Roberto Pineda, representado por un señor José Gabriel Cruz Durán. No obstante, Pineda había fallecido nueve años antes y el poder que supuestamente le había otorgado a Cruz Durán en 1994 era falso. Cruz Durán fue asesinado el año pasado en extrañas circunstancias. De acuerdo con fuentes de Urbansa y Alcabama, tenía antecedentes penales.
Ahora bien, en la inscripción de la venta no se establece cuántos fueron los metros vendidos. No es sino hasta la siguiente inscripción que se aclaran los linderos y, de repente, Boutin y Marín Correa aparecen como dueños de los 28.000 metros cuadrados. Para seguir con las irregularidades, de acuerdo con un estudio contratado por las empresas afectadas, la firma de la notaria 59 de Bogotá —ante la cual se había hecho la venta y se habían aclarado los linderos del predio— también era falsa.
Pero, además, el predio tenía una medida cautelar, una hipoteca, y estaba bloqueado debido a que una mujer, Consuelo Marín Franco, decía ser la poseedora de los terrenos porque otro hombre, Casimiro Sarmiento —quien alegaba ser el poseedor tras 20 años de vivir allí—, le había vendido su posesión. La medida cautelar fue levantada con un oficio, al parecer falso. Lo mismo habría ocurrido con la hipoteca.
Desconociendo (o no) todas estas irregularidades, Boutin y Marín Correa suscribieron en 2009 una promesa de venta del predio con la empresa Inacar S.C.A., la cual alcanzó a darles al excongresista y su yerno $1.200 millones. Sin embargo, el negocio no prosperó porque, al parecer, Inacar supo de las inconsistencias que rodeaban a la propiedad.
El mismo Franklin Boutin denunció en 2009 que había falsedades en varios documentos. Pese a ello, en 2011, y tras las fallidas negociaciones con Inacar, el predio le fue ofrecido a Alcabama y Urbansa. A estas empresas se les presentó un estudio de títulos hecho por el abogado Fernán García de la Torre, en el que se aseguraba que el predio no tenía problema alguno. Las firmas confiaron en el documento e iniciaron el negocio. Les dieron $7.000 millones a Boutin y a Marín Correa, y les iban a dar más cuando los alertaron de que algo extraño pasaba. El negocio se canceló y los $7.000 millones quedaron embolatados. Al parecer a las empresas afectadas se les ha ofrecido un predio en Cartagena para repararlos. Pero por ahora no ha habido indemnización alguna y las empresas sienten que están ante “tierreros” de clase alta, una mafia.
¿Estafadores o estafados?
Durante la audiencia en la que a Franklin Boutin se le imputaron los delitos de fraude, falsedad, estafa y obtención de documento público falso, su abogado, Camilo Sampedro, fue enfático: “Gonzalo y Franklin son las víctimas, no los victimarios. Es Franklin quien denuncia las irregularidades, ha dado la cara y ha estado desde un principio colaborando con la justicia. Eso no lo haría alguien que fuera culpable. No hay que negar que hay una mafia que ha azotado a toda Bogotá, pero ni Franklin ni Gonzalo pertenecen a ella. La Fiscalía no tiene una sola prueba contra mi cliente”.
Y agregó: “Ellos fueron estafados. La Fiscalía dice que quienes se beneficiaban con estas irregularidades eran ellos. Pero no. Eran quienes le vendieron a ellos. Pero como ni Urbansa ni Alcabama ni la Fiscalía han podido dar con los verdaderos criminales, entonces han ido tras mi cliente. Este es el primer caso que veo en el que el comprador es el victimario y no la víctima. En que el victimario da la cara. Aquí han dicho que la estrategia de mi cliente ha sido dar la cara. Eso es algo descabellado. Se ha dicho que mi cliente incurrió en fraude, pero nunca se estudió si su firma fue falsificada”.
“Han dicho que el predio se sigue vendiendo, que por esa razón Franklin es un peligro para la sociedad. Pero no tienen ninguna prueba de ello”, concluyó Sampedro. Ayer Franklin Boutin fue enviado a la cárcel La Picota, en Bogotá, por decisión de una juez de garantías. Por su parte, Marín Correa sigue sin responder al llamado de la justicia para esclarecer si fue el estafado o si, como dice la Fiscalía, es el estafador y miembro de una red de tierreros de estrato seis.
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