La extensa medida de aseguramiento (orden de detención) en contra del general Henry Torres Escalante, el jefe de Memoria Histórica del Ejército que pasó a ser este lunes el primer general activo bajo arresto por un proceso de falsos positivos, contiene dos detalles que resultan fundamentales para este caso. El primero tiene que ver con el pago de una recompensa que se hizo después de que Daniel y Roque Torres, padre e hijo, murieran en un supuesto combate. El segundo, con las declaraciones de un testigo que ha sido clave para que la Fiscalía arme el expediente.
Daniel y Roque Torres –este último menor de edad– murieron el 16 de marzo de 2007 en la vereda El Triunfo, del municipio de Aguazul (Casanare), en lo que el Ejército reportó como un enfrentamiento entre militares de la Brigada XVI y guerrilleros del Eln. En ese momento, quedó plasmado en los registros castrenses que a las “05:45 horas aproximadamente” se había sostenido un “combate contra terroristas de la cuadrilla José David Suárez” y, con coordenadas precisas, se indicaba que el resultado eran dos “bajas”. En ese momento, el comandante de la Brigada XVI era Torres Escalante.
Cuatro días después de la operación, la Fiscalía encontró que se canceló una recompensa aunque no advierte cuánto se pagó por ella. Según declaró el propio general Torres Escalante, la autorización de esos pagos la dio él porque, cada mes, le llegaba un documento de gastos reservados y su tarea era dar su “visto bueno” para legalizar los pagos ya realizados. La Fiscalía, sin embargo, halló una gran irregularidad en este asunto que detectó como la primera alarma encendida: que tras la muerte de Daniel y Roque Torres, por las que el alto oficial está bajo la lupa de la justicia, se entregaron unas sumas de dinero de forma irregular.
Con estudios grafológicos hechos en 2014, la Fiscalía revisó las actas del pago que se realizó el 21 de marzo de 2007 en la Brigada XVI y halló dos grandes anomalías. Un acta estaba firmada por el entonces comandante del batallón contraguerrilla de la Brigada XVI, el hoy coronel Carlos Buitrago Bedoya, y entre los beneficiarios figuraba una mujer llamada Lilia Lombana Pastrana. “No es mi firma”, señaló categóricamente en su indagatoria el oficial. Las pruebas técnicas le dieron la razón: la firma que aparecía plasmada en el documento no coincidía con las muestras de caligrafía que se recolectaron de él.
En el caso de Lilia Lombana sucedió lo mismo: la firma no correspondía. Había sido suplantada. En cambio, las firmas que sí coincidían eran las de los otros dos beneficiarios de la recompensa: Fabián Sarmiento Valbuena y Jairo Raúl López Colungue. El 27 de abril de 2007, un mes después de que ese dinero fuera entregado, el defensor del Pueblo de Casanare, Mauricio Mojica, le envió un oficio al entonces coronel Henry Torres Escalante: era una queja por los hechos del 16 de marzo de ese mismo año. Es decir, por la muerte de Daniel Torres y su hijo Roque. Las sospechas estaban en el panorama desde el principio.
Además de las recompensas, uno de los integrantes de la Brigada XVI, subalterno del oficial Torres Escalante, resultó ser un testigo clave para la Fiscalía. Se trató del subteniente Marco Fabián García Céspedes. Entre 2011 y 2014, rindió varias declaraciones ante la justicia en las que entregó frases contundentes como esta: “(los comandantes) siempre tuvieron el conocimiento de que morían personas inocentes, siempre sabían de lo que pasaba, para ese entonces lo único que les interesaba eran los resultados fueran inocentes o no (…) Nunca hubo objeción, nunca me dijeron nada, todo era felicitaciones”.
El subteniente García Céspedes, quien ejecutó la operación en la que murieron Daniel y Roque Torres, dejó claro que desde el principio nunca hubo intención de nada distinto: “La misión era darlos de baja de acuerdo a la información (…) quiero decir que hay una información de inteligencia que es algo que es de mi nivel, yo sólo la ejecuto, más no la información es por parte mía”. El oficial señaló que a los Torres no se les había encontrado armamento “por ningún lado” y confirmó que “el comandante de la Brigada (Torres Escalante) y toda la parte del estado mayor tenían conocimiento de los resultados y de las bajas que se daban”.
“A mí hábleme de bajas”, aseguró García Céspedes que solía decir el comandante Torres Escalante. Sin embargo, para 2015, la versión de este oficial era otra. Se echó para atrás y empezó a declarar que había cometido un error: “Muchas veces le he pedido perdón a Dios porque quitarle la vida a unas personas es bastante grave, en este momento estoy pagando por lo que hice y pues fue decisión mía”. García Céspedes aseguró que el lugar donde murieron Daniel y Roque Torres había sido acomodado para que “pareciera una escena donde hubo muertes en combate” pero, en esa ocasión, dijo que el oficial Torres Escalante no sabía nada.
La Fiscalía, sin embargo, no compró su retractación. Señaló que no sólo era inverosímil, sino que iba “en contra de la evidencia”. Las declaraciones del subteniente Marco Fabián García Céspedes y el tema de la recompensa hacen parte de las nueve pruebas periciales, 41 inspecciones judiciales, 86 declaraciones y 207 pruebas documentales recogidas por distintos fiscales y concentradas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, que fue la que finalmente ordenó la detención del general Henry Torres Escalante.