Con el paso de los días, la tragedia de las balas perdidas se ha convertido en un asunto de agenda nacional y de preocupación de las autoridades. Sólo en Medellín, el año pasado se registraron 69 casos, de los cuales 20 personas murieron. Entre las víctimas fatales se cuentan ocho niños —en total 13 fueron heridos—. En 2009 las estadísticas fueron muy similares. De las personas afectadas por los proyectiles disparados indiscriminadamente, 11 eran menores de edad.
Los constantes enfrentamientos entre bandas al servicio del narcotráfico en las comunas de Medellín, explican las autoridades, aumentan las víctimas de balas perdidas. Un panorama no muy distinto al del resto del país. Aunque no es fácil encontrar una estadística confiable, el personero de la ciudad, Jairo Herrán Vargas, asegura que al año se pueden presentar cerca de 300 casos de personas lesionadas o muertas. Mucho de ello se explica por el número de detenidos en Colombia por el delito de porte ilegal de armas. Mas de 21 mil personas fueron capturadas en los últimos cuatro años por este concepto, según el Consejo de la Judicatura.
Ante un panorama tan caótico, el personero Herrán, junto con un grupo de profesionales de ese despacho, trabaja en una propuesta para presentarle la próxima semana al presidente Juan Manuel Santos, con el fin de que estas víctimas reciban una atención similar a las del conflicto armado. “Estamos revisando la ley de víctimas para ver en qué punto se puede incluir nuestra propuesta”, explicó el personero.
En agosto del año pasado el personero le había enviado una comunicación al entonces presidente Uribe para que expidiera una norma mediante la cual se les brindara garantías y protección a estas víctimas. “El Presidente, con fundamento en el artículo 2 de la Constitución, en la ley y pactos internacionales, podía expedir esa norma para proteger a estas personas, que en su mayoría ven destruido su núcleo familiar por esta situación. Muchas de las víctimas son cabeza de familia que quedan desprotegidas o no tienen para los gastos fúnebres, y tienen que salir a pedir entre sus vecinos. Pero en su momento la propuesta fue mirada con desdén”, señaló el funcionario Herrán.
Pese a que no se obtuvo la respuesta esperada, volverán a insistir para que las víctimas de balas perdidas reciban un amparo médico hospitalario y posterior para su recuperación. “Además, si se presenta una discapacidad, que les suministren las prótesis necesarias”, conceptuó el personero. Y añadió que en caso de muerte se le reconozca una ayuda humanitaria a la familia hasta por 34 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalente al que se les paga a las víctimas del conflicto.
La propuesta toma de nuevo vigencia tras los hechos ocurridos en la madrugada del año nuevo, en diferentes zonas del país, y que dejan hasta el momento tres niños muertos y tres heridos, dos de los cuales permanecen en unidades de cuidados intensivos. Muchos analistas coinciden con el personero Jairo Herrán en el sentido de que quien acciona un arma lo hace con intención de dañar, por lo tanto estos hechos son delictivos y no accidentales. Si bien se busca endurecer los castigos para los responsables, “se debe proteger también a las víctimas y esa es responsabilidad del Estado”, agregó.