Luego de que el fiscal Eduardo Montealegre planteara una revisión de los indultos y amnistías otorgados a miembros del M-19 desmovilizados, el senador Álvaro Uribe Vélez expresó su rechazo a la iniciativa, asegurando que “sobre el Palacio de Justicia debe haber verdad judicial”.
El expresidente se mostró a favor de que la justicia examine lo que considere necesario en búsqueda de la verdad de los hechos, sin que ello implique –tal como lo propuso el fiscal– que nuevas pesquisas den lugar a que se tumben amnistías ya otorgadas.
“Sobre el Palacio de Justicia debe haber verdad judicial, sin que ello implique retroceder el acuerdo con el M-19. Cualquier acción contra el presidente (Belisario) Betancur, sus ministros y las acciones contra los militares deben pararse y el país debe tener en cuenta que esos acuerdos –que implicaron impunidad– son inestables, por eso, ojalá el error no se repita con las Farc”, aseguró el congresista del Centro Democrático.
Más temprano, el Gobierno Nacional –en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo– expresó su rechazo a la revisión de los indultos y amnistías. (Lea: Acuerdos con el M-19 deben respetarse: Mininterior a Fiscal)
“Los guerrilleros del M-19 se sometieron a un proceso de paz y esos acuerdos tienen hoy plena vigencia”, sostuvo Cristo. De hecho, dijo que no considera que puedan ser sujetos a una revisión los acuerdos firmados con esa guerrilla: “los acuerdos con el M-19 deben respetarse”, recalcó el ministro en el Congreso de la República.
No obstante, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, respaldó el anuncio del fiscal Eduardo Montealegre, argumentando que a la fecha el Estado colombiano “no ha cumplido con la obligación derivada del derecho internacional de investigar, juzgar y condenar a los mandos del M19” por la toma del Palacio de Justicia, tampoco –señala Ordóñez- existe sentencia alguna contra ningún miembro de la cúpula de esa organización. (Lea: Procurador da espaldarazo al fiscal en investigación de indultos al M-19)
“Los mandos del M19 no han revelado en un proceso judicial la verdad completa, detallada y exhaustiva sobre su responsabilidad en los hechos. No han relatado cómo, con quiénes, con qué auxilio, con qué recursos y cuáles eran los detalles de la toma y de las acciones posteriores a ésta. Las víctimas y la sociedad colombiana tienen derecho a saber y el Estado la obligación de establecer la verdad a través de procesos judiciales”, añade la misiva de Ordóñez enviada al fiscal.
En una inesperada decisión, justo en los días en que se cumplen 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, el fiscal general, Eduardo Montealegre, dispuso este lunes que se examinen los alcances de cosa juzgada de los indultos otorgados al M-19, para evaluar si procede una investigación contra sus miembros, derivada de los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985. La investigación será asumida por el vicefiscal Jorge Perdomo y el punto de partida es el examen de los tratados internacionales sobre los derechos humanos. (Lea: “Pues que revisen”: Navarro Wolff sobre estudio de indultos al M-19)
Según el fiscal Montealegre, el proceso pretende determinar si los indultos otorgados al M-19 en 1990 abarcan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hubieran podido cometer en el asalto al Palacio de Justicia. En su criterio, a pesar de que en su momento tales indultos dieron seguridad jurídica a los miembros del M-19 porque estuvieron mediados por un proceso de paz, existen mecanismos internos para volver a examinar su alcance jurídico, tal como ha sucedido con amnistías en Chile, Argentina y Perú.