"Se desistió porque nos hacen falta unos documentos y seguramente hay más biees por eso vamos a tratar de hacer una sola audiencia y una sola medida cautelar", explicó Fernando Ruíz, abogado de la parte civil.
La idea de esta diligencia era que la Juez del caso implementara una medida cautelar, que permitiera que los bienes embargados al socio de David Murcia puedan ser repartidos a las víctimas sin necesidad de que pasen a manos del Estado.
Por esta razón, la parte civil prefirió recoger toda la documentación de los bienes – se habla de la existencia de propiedades, vehículos y dinero- y realizar una sola audiencia para reintegrar el dinero a la gente.
Ruíz además señaló, que si la gente sabe de la existencia de caletas de DMG deben avisar para proceder al embargo.
En ese mismo proceso, la parte civil denunció que en el caso de Margarita Pabón y Daniel Ángel, al menos $6.500 millones pasaron a manos de la interventora por orden del Fiscal 13 de la Unidad de Lavados Activos, cuando esa decisión debió ser adoptada por un Juez.
William Suárez, segundo hombre más importante de la firma, firmó hace menos de una semana un preacuerdo con la Fiscalía donde acepta su responsabilidad penal por lavado de activos, cohecho y captación ilegal de dinero. De aceptarse este acuerdo por el juez, recibiría una condena de 73 meses de prisión.