Entre las entidades oficiales, la que tiene más arraigo entre las víctimas es la Policía Nacional, indicó la Corporación.
De igual manera la Procuraduría determinó que hay una serie de programas de protección a testigos y víctimas en todo el país y de igual forma encontró que todos esos programas tienen criterios diferentes a la hora de determinar los niveles de seguridad en que se encuentran los vulnerados.
Por ese motivo recomendó a la Policía Nacional que lidere la elaboración de un "protocolo único" con el que se pueda de alguna forma ‘medir’ los niveles de seguridad de las víctimas de forma unilateral, porque los programas actuales "no son técnicos ni objetivos, sino basados en criterios subjetivos de seguridad".
La evaluación presentada el martes, indica también que después de visitar 11 ciudades del país, se dieron cuenta que el programa de protección a testigos de la Fiscalía es muy hermético, "un misterio. Los fiscales de las ciudades que visitamos no lo recomendaron y dudaron de su efectividad", reveló el Ministerio Público.
En cuanto a los ‘contratos de escoltas sugeridos’, el estudio de la Procuraduría determinó que es ‘crítico’, porque en el 90 o 95 por ciento de los casos esas personas no tienen formación en seguridad personal, sino que en su mayoría son amigos de la persona que necesita ser custodiada.
La Policía Nacional, por su parte, indicó que en enero de 2009 tendrá listo un ‘mapa de seguridad y previsión’, que le indicará a todos los colombianos más vulnerables, en qué sitios se ubica el peligro en todo el país; documento de gran utilidad para sindicalistas, concejales y alcaldes.
"Puede que haya percepción y puede que haya casos en los que no justifique el esquema o en los que sea deficiente el esquema, pero estamos hablando de un conglomerado amplio y el gobierno en esto ha hecho un esfuerzo enorme y los resultados muestran ya la eficacia del método, la eficacia de la estrategia", recordó el viceministro de Interior y de Justicia, Gilberto Orozco Orozco, subrayando además que los programas de protección de testigos y víctimas del Estado cubren a más de 9 mil personas.
La ‘Evaluación de las políticas públicas en materia de protección a las víctimas y testigos del conflicto armado’ fue realizada por la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y la USAID.