Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos (DD.HH.) en el continente. En entrevista con El Espectador Santiago Cantón, secretario ejecutivo del organismo, señaló que para avanzar en protección a los DD. HH., Colombia debe restringir el alcance del fuero militar, que existen reservas sobre la aplicación de Ley de Víctimas y que es muy preocupante que las bandas criminales tengan el mismo modus operandi de los paramilitares.
¿Cuál es la mayor preocupación de la CIDH con respecto a Colombia?
Hay varios temas. Uno de mayor importancia es el de los ‘falsos positivos’. Sobre el fuero militar se ha planteado preocupación, pues éste debería ser sumamente restrictivo y para acciones de carácter estrictamente militar. La impunidad por las actividades de inteligencia (‘chuzadas’). El desplazamiento forzado. O la posibilidad de que sigan existiendo violaciones a los DD.HH. no sólo por grupos ilegales, sino con la aquiescencia de agentes del Estado.
El gobierno colombiano protestó por ser incluido en una ‘lista negra’.
La definición ‘lista negra’ es mediática pero incorrecta. Los informes, comunicados de prensa, declaraciones y visitas son como una forma de dialogar con los estados, no de sancionarlos.
¿Qué gran avance le reconocen a Colombia?
Principalmente, la Ley de Víctimas y de Tierras. Es muy importante tenerlo presente.
¿Esa norma es suficiente?
Es un esfuerzo meritorio que hace parte de los pasos importantes que ha dado Colombia en los últimos años. En primer lugar, por el reconocimiento en el discurso público de la existencia de un conflicto armado, negado sistemáticamente por el Estado. Avanza en problemas centrales como la tenencia de la tierra. Que sea la solución completa es imposible de decir en este momento.
¿Qué les preocupa sobre la aplicación de esta ley?
Vemos con reserva que la reparación económica es sólo para las víctimas de abusos después de 1985, que se podrían reclamar tierras despojadas después de 1991, que se excluiría a las víctimas recientes de grupos paramilitares porque el Estado afirmaría que se desmovilizaron en 2003. La ley también representa un reto económico para el Estado y no incluye medidas que garanticen la seguridad de las personas que regresan a sus tierras frente a aquellas que las habrían desplazado.
¿Sigue siendo tan grave la problemática de los ‘falsos positivos’?
La comisión ha recibido numerosas denuncias que están siendo tramitadas. Se reconoce la drástica caída de ‘falsos positivos’, pero más importante aún es que se investiguen y se juzguen estas graves violaciones a los DD. HH. Lamentablemente las ejecuciones extrajudiciales siguen existiendo en América Latina.
¿Hay algún otro país en el continente donde se haya visto el mismo fenómeno?
Las ejecuciones extrajudiciales sí han existido en otros países, pero según la información que hemos recibido, en la magnitud de Colombia no conocemos un caso así en este momento.
¿Creen en el anuncio de las Farc de acabar con el plagio político?
La comisión valora enormemente que se esté avanzando por ese camino.
En Colombia, el sistema interamericano de DD. HH. quedó en entredicho por cuenta del escándalo de Mapiripán.
No pueden existir víctimas que no sean reales. Un fraude al Estado es un fraude al Sistema Interamericano y eso es gravísimo. La gran mayoría de las pruebas que permiten a los órganos llegar a distintas conclusiones son aportadas por el Estado, y también ocurrió en el caso de Mapiripán. Eventualmente será la Corte la que tome decisiones.
¿Hay procesos judiciales, en la parapolítica u otros, en los que la Comisión haya notado violación al debido proceso?
No puedo hablar de ningún caso en particular. Pero puedo decir que en el 99% de los casos que llegan a la CIDH hay violación al debido proceso. La falta de investigación es una violación al debido proceso también.
¿Son las bandas criminales otra generación del paramilitarismo?
Nos preocupan ciertas similitudes, como en el modus operandi, o que estos grupos pudieran actuar en colusión, tolerancia y aquiescencia con agentes del Estado.
¿Qué le dicen al Estado colombiano sobre el aumento de violencia sexual en el conflicto?
Es obligación de Colombia hacer mucho más en ese tema. Las mujeres se han visto duramente afectadas en el conflicto armado.
¿Qué les inquieta con respecto a los jefes ‘paras’ extraditados?
Que no se pueda obtener la verdad de ellos. Estados Unidos y Colombia deben tomar las medidas necesarias para que no haya impunidad, es la mayor garantía para que no haya repetición. La impunidad es una enorme preocupación para la Comisión y el tema va más allá de la falta de recursos que arguye la Fiscalía.
¿A qué se refiere la Comisión con el “desprestigio” contra defensores de DD. HH.? ¿Quién los desprestigia?
El presidente Uribe se refería a los defensores estigmatizándolos y acusándolos. En el marco del escándalo de Mapiripán, altos funcionarios como el procurador culparon al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de actuar como una banda criminal. El presidente (Santos) señaló que había gente dedicada a lucrarse a costa de recursos públicos. Señalamientos así, sin que se hayan realizado antes las investigaciones correspondientes, pueden impactar negativamente sobre las organizaciones de DD. HH. El Estado tiene que crear un ambiente favorable para su trabajo.
¿Tuvo algo que ver la divulgación del informe con la Cumbre de las Américas?
Desde hace unos 15 años todos los informes anuales de la CIDH en que se hace referencia a Colombia se han presentado entre marzo y abril, es cuestión burocrática de la OEA. No tenía nada que ver con la proximidad de la Cumbre de las Américas.