La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó que las personas vinculadas a servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener un certificado anual de aptitud psicofísica para el manejo de armas.
El alto tribunal también avaló la norma que dispone que dicho certificado sea asumido, sin ningún costo para los trabajadores, por las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) a las que estén afiliados.
En el debate se indicó que esta inclusión para las ARP se enmarca dentro de las funciones que le fueron asignadas entre las que se encuentran la de mitigar el riesgo y la ocurrencia de accidentes de trabajo.
Esta decisión de tomó al declarar exequible el artículo primero (parcial) de la Ley 1539 de 2012, relativo a este certificado que cobija a los vigilantes, escoltas y supervisores.