En la Cámara de Representantes hay un proyecto de ley “engavetado” que tiene un enunciado concreto que prendió las alarmas entre quienes trabajan en violencia de género. Se trata del proyecto 021 de 2015, que presentaron el año pasado el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, y el representante Hernando Penagos Giraldo, del Partido de la U. El proyecto, que apenas ha tenido un debate, busca reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. El lío es que, en caso de que llegue a ser aprobado, las mujeres podrían resultar afectadas.
El proyecto de ley propone algunos cambios en la manera como hoy se ejerce, por ejemplo, el debido proceso de quien es investigado: pide más claridad a la hora de expresar los cargos por los cuales está siendo procesado, agregándolos “en términos que sean comprensibles” tanto en el escrito de imputación como en la audiencia de acusación. Con el propósito de fortalecer las investigaciones, se pide que se pueda solicitar ante jueces de control de garantías “la conducción de personas que puedan tener información útil para la investigación”.
Pero en el tema de la violencia intrafamiliar, las mujeres podrían salir perdiendo si resulta aprobado. Son ellas, al fin y al cabo, las principales víctimas de este flagelo: por cada hombre que denuncia maltrato por parte de su pareja seis mujeres hacen lo mismo, señala Medicina Legal. Cuando una mujer es víctima de violencia, la probabilidad más alta es que lo sea en su propia casa. En Colombia, sin embargo, esta grave problemática siempre fue entendida como un asunto “de puertas para adentro”. Y este proyecto sugiere, una vez más, que sea un delito conciliable. Es decir, que la víctima pueda conciliar con su victimario.
Hasta julio de 2012, un caso de violencia intrafamiliar en Colombia podía archivarse así. Una reforma al Código de Procedimiento Penal cambió esa situación y determinó que todo hecho de violencia intrafamiliar que se conozca debe investigarse de oficio, es decir, independiente de si la víctima quiere que la justicia actúe. Así se arman, por ejemplo, los expedientes por homicidio. Tres años después de haber cambiado la ley, la Fiscalía argumentó que es tal la desproporción entre las denuncias versus las condenas, que resulta un sinsentido evitar que la víctima desista del proceso si lo desea. En 2012 se presentaron 30.110 casos, pero sólo 552 terminaron en sentencia condenatoria.
“En relación con el delito de violencia intrafamiliar, se propone que continúe siendo un delito oficioso, porque implica una mayor gravedad, pues afecta en forma directa la integridad física, psicológica o sexual de la víctima y, adicionalmente, opera como un delito subsidiario, ya que supone que no esté previsto otro delito que sea sancionado con una pena mayor. No obstante, se propone que en los casos en que se presente se admita el desistimiento de la víctima”, se lee en el proyecto de ley 021 de 2015 que, hasta ahora, no ha tenido mayor eco en el Congreso. La inquietud de quienes conocen del tema de violencia de género es que el proyecto resulte aprobado posteriormente.
“Es absolutamente grave e implica un retroceso que desconoce los tratados internacionales que ha firmado Colombia (Convención de Belén do Pará, Convención contra la discriminación). Es en el marco de la violencia intrafamiliar es donde se perpetran los feminicidios. Volver conciliable la violencia intrafamiliar es dar al traste con los avances de los movimientos de las mujeres porque implica aumentar la vulnerabilidad de las mujeres, y además, es obviar la responsabilidad del Estado en materia de protección de sus derechos. Al eliminar la querella, se logró que las víctimas tuvieran respuesta por parte del Estado, porque está obligado a investigar las medidas de atención y protección para ponerlas a salvo”, le dijo a este diario Isabel Agatón, del colectivo Cijusticia.
Agaton conoce bien del tema. Fue, al fin y al cabo, una de las impulsoras de la ley Rosa Elvira Cely, con la cual el feminicidio entró a hacer parte del Código Penal colombiano. “Estamos en un escenario en el que las mujeres están siendo asesinadas. En Colombia mueren más mujeres en manos de su pareja que hombres en combate. Esto tiene que poner al Estado en una respuesta que obligue su protección para las mujeres. La violencia intrafamiliar es el estadío previo a la violencia contra la mujer expresada en feminicidios. (El proyecto de ley) Es un retroceso y contrasentido. No puede ser la descongestión judicial el argumento para sacrificar los derechos de las víctimas”.
Ángela María Robledo, representante que integra la bancada de las mujeres en el Congreso y que también apoyó la ley Rosa Elvira Cely, recordó un antecedente importante: que cuando el entonces ministro del Interior Germán Vargas Lleras impulsó en el Congreso la Ley de Seguridad en 2011, con la que se aumentaron, entre otros, las penas para los mayores de 14 años y menores de 18 que participaran en la comisión de delitos graves, la violencia intrafamiliar quedó reconocida como un delito querellable. Fue entonces que la bancada de mujeres se dio la pelea para quitarle esa condición, pues lo que ocurría era lo previsible: la víctima, que por lo general convive con su victimario, se arrepiente –forzadamente, casi siempre- de haber denunciado y retira el caso.
“Este es un juego que tiene que ver con una cantidad de proyectos que no tienen en cuenta los momentos legislativos previos ni los derechos de las mujeres. La violencia contra las mujeres va en escala: golpes, aislamiento, golpes y después la muerte. Hay que resolver el tema de la congestión pero por otras vías. He sido una enemiga del populismo punitivo, pero en este caso tiene que ver con la vida digna de los niños y por la vida de las mujeres en Colombia. Mientras no cambie la situación, esta tipificación no puede cambiar”, dice la representante Robledo. “Hemos estado trabajando en un proyecto de fortalecimiento de las comisarías de familia, pues son el primer lugar a donde llegan las mujeres y el primer eslabón para que la justicia familiar no opere”.
La congresista Robledo explica que uno de los problemas es la “enorme descoordinación de las instituciones llamadas a atender estas problemáticas”. Señala que la ley 1257 de 2008, con la cual se previenen todas las formas de discriminación contra la mujer –incluida, por ejemplo, la económica-, tardó seis años en ser reglamentada. “Si esos decretos se cumplieran, se tendría la atención integral a estas problemáticas. Muchas veces la violencia contra las mujeres golpea a su familia. Si esto contara con un mayor presupuesto, tendríamos una situación completamente distinta en el tema normativo. Y un cambio cultural para que haya una sanción social e estos hechos”.
Carmen Uribe, coordinadora de la Clínica de violencia intrafamiliar y de género (Vicge) del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, tampoco está de acuerdo con el proyecto de ley 021 de 2015, que hasta ahora ha pasado de agache en los debates públicos: “Las víctimas de violencia intrafamiliar requieren ayuda y tratamiento psicosocial para salir del ciclo de la violencia, por esto mismo, el delito no puede ser conciliable. Este proyecto contradice lo dispuesto por la ley 1257 de 2008 y decretos reglamentarios, en cuyo contenido se dispone que la víctima decide si quiere o no ser confrontada con el agresor en cualquier instancia, determinación que obedece a la necesidad de especial protección estatal que requiere la víctima”.
“¿No será que lo que pretende este proyecto, como otras iniciativas legislativas, es contribuir a la descongestión de un sistema judicial en contravía de los derechos de las víctimas y de su acceso a la justicia? Aprobar las modificaciones expuestas en el proyecto sería limitar la materialización de la justicia restaurativa. ¿Por qué no presentar proyectos le ley que ataquen las causas del problema y no únicamente las consecuencias del fenómeno de violencia intrafamiliar y de género?”, asegura Carmen Uribe.