El nombre del coronel (r) Carlos Alberto Barragán saltó a la luz pública en 2013 cuando el expresidente Andrés Pastrana reveló que había sido él quien le entregó, en 1994, los narcocasetes que dejaban en evidencia el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper. A mediados de los 90, Barragán era el comandante del Bloque de Búsqueda que le seguía la pista a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Por ello, tuvo acceso a los audios en los que se escuchaba a los jefes del cartel y al periodista Alberto Giraldo hablar sobre el ingreso de estos dineros “calientes” a la campaña de Samper. Al revelarse estas grabaciones, se dio inicio a un proceso sin precedentes, el Proceso 8 mil. Ahora, 21 años después, Barragán vuelve al ojo del huracán. Esta vez, tras ser detenido por irregularidades en la contratación de un software para la seguridad informática de la Contraloría.
Todo se remonta a 2013. Ese año, Barragán se desempeñaba como jefe de Seguridad Tecnológica e Informática de la Contraloría y, como tal, acompañó todo el proceso de contratación con una cuestionada firma española de seguridad informática: Mnemo, una firma vinculada con un escándalo de corrupción en España, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fueron, en total, ocho contratos, firmados entre 2012 y 2014, por un valor de $14 mil millones; no obstante, la Fiscalía puso su lupa, puntualmente, sobre tres de ellos, firmados entre diciembre de 2012 y julio de 2013, y por un valor de $8.300 millones.
Tres contratos que Barragán acompañó de cerca. Con una particularidad: los tres contratos fueron otorgados sin licitación pública, según la Contraloría, porque Mnemo era la única empresa en el mundo capaz de prestar los servicios de seguridad informática requeridos, por lo que pudo haberse incurrido en el delito de contratos sin requisitos legales. Pero esto es, apenas, la punta del iceberg: la Fiscalía investiga, desde hace meses, posibles vínculos entre estos contratos y posibles interceptaciones ilegales contra periodistas, desde la Contraloría. E, incluso, se ha especulado sobre la posibilidad de que estos contratos tengan relación con otros escándalos de interceptaciones ilegales, como el del hacker Andrés Felipe Sepúlveda, o el del caso Andromeda. Se espera que a Barragán, quien fue detenido junto con otros dos exfuncionarios de la Contraloría, Libardo Núñez Páez y Raimundo Vélez Cabrales, se le imputen los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.