A diez días de haber comenzado el año, el remolino de la yidispolítica vuelve a la palestra pública. La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos contra el ministro de Protección Social, Diego Palacios; el ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt de la Vega, el ex viceministro de esta cartera Hernando Angarita y el ex representante a la Cámara Teodolindo Avendaño.
Según el órgano de control, era necesario abrir el proceso contra Pretelt y Angarita porque ellos ofrecieron “la vinculación de recomendados del señor Teodolindo Avendaño a la administración pública con ocasión del trámite del proyecto de reelección presidencial, lo que se hizo a través de la vinculación como notario del señor Luis Camilo O’Meara Riveira”.
Fue la ex parlamentaria Yidis Medina quien reveló que O’Meara compró su nombramiento con $450 millones y que con ese dinero, según Medina, Angarita le pagó a Teodolindo Avendaño por ausentarse el día de la votación de la reelección. La ex congresista fue condenada a 47 meses de cárcel por el delito de cohecho, tras confesar que había recibido dádivas del Gobierno para votar favorablemente el proyecto de la reelección presidencial en 2004.
Teodolindo Avendaño, el ex representante vallecaucano al que Yidis también puso en el ojo del huracán con sus revelaciones, será investigado disciplinariamente por ser presuntamente responsable del delito de cohecho propio. Las actuaciones de Avendaño alrededor de su polémica ausencia en el debate de la reelección también son objeto de investigación de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su detención en mayo pasado. De acuerdo con la Procuraduría, Avendaño recibió “utilidad y promesa remuneratoria para omitir un acto propio de su cargo”.
De igual manera, el ente de control dictó pliego de cargos contra el ministro de Protección Social, Diego Palacios Betancourt, “por violar la reserva procesal al revelar piezas obrantes en el proceso disciplinario que se le adelanta en la comúnmente llamada yidispolítica y por negarse a suministrar información requerida mediante derecho de petición.
Dicha violación de la reserva ocurrió el pasado 12 de junio cuando, en una rueda de prensa convocada por el propio Palacios, éste divulgó que la ex parlamentaria Medina había llamado a Tomás Uribe (hijo del presidente Álvaro Uribe). Y el derecho de petición que la Procuraduría le reprocha no haber respondido fue uno enviado por el abogado y columnista de este diario, Ramiro Bejarano. Así las cosas, la Procuraduría notificó a tres de los hombres que más ha respaldado el Jefe de Estado que la posibilidad de que continúen ejerciendo cargos públicos se encuentra en tela de juicio.