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En diferentes municipios, los altos costos o la complejidad del funcionamiento del Estado no permiten que la ciudadanía acceda a servicios de asesoría legal. La Fundación ProBono, en cabeza de Ana María Arboleda, ha acercado la posibilidad de garantizar ese derecho en diferentes frentes, derribando así algunas barreras de acceso a la justicia.
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