En mayo de 2022, Lorenzo, un perrito que realizaba labores de seguridad en un prestigioso centro comercial, ubicado en el norte de Bogotá, sufrió maltrato por parte de una vigilante. El hecho, que quedó registrado en una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales, causó la indignación y el rechazo de miles de ciudadanos.
El caso de Lorenzo fue tan mediático que inspiró un proyecto de ley para proteger a los canes usados en tareas de seguridad y vigilancia. Hoy, casi tres años después de aquel suceso, la normativa que busca poner fin al maltrato y a las condiciones inadecuadas que enfrentan miles de animales en estas actividades es un hecho.
La Ley Lorenzo contiene varios puntos clave que redefinen las condiciones bajo las cuales los perros pueden ser utilizados en labores de seguridad privada. Algunas de estas estipulaziones están basadas en estándares internacionales para el bienestar animal que proporciona la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), incluyendo aspectos como el alojamiento, la alimentación y la atención médica, que son esenciales para el rendimiento óptimo de los perros en diversas actividades.
- Bienestar integral: Las empresas de seguridad deben introducir un plan de bienestar integral para los perros. Este debe contemplar tiempos semanales de esparcimiento y de descanso, adecuación de caniles, alimento de buena calidad y protección del clima.
- Plan de retiro: La ley también establece un plan de retiro para los perros que dejan de prestar servicio debido a la edad o problemas de salud, garantizando una transición digna y sin abandono. Esta medida es clave, ya que, hasta ahora, muchos perros retirados no tenían un destino claro.
- Reducción de la edad de uso: Otro aspecto crucial es la reducción de la edad mínima para el uso de los perros, de ocho a seis años. Esta medida tiene como objetivo evitar el desgaste físico y emocional de los animales. Según estudios como el A Working Dog’s Life: Effects of Long-Term Work on Canines (2015), los perros empleados en tareas exigentes, como la seguridad, sufren un desgaste significativo tanto físico como psicológico después de varios años de trabajo, lo que respalda la necesidad de reducir la edad de uso.
- Responsabilidad compartida: La ley introduce el concepto de responsabilidad compartida entre las empresas de seguridad y los contratantes de estos servicios. Ambas partes deben garantizar condiciones adecuadas para los perros.
- Herramientas tecnológicas: La ley asigna al Ministerio de las TIC la responsabilidad de investigar tecnologías que puedan sustituir progresivamente a los perros en tareas de defensa controlada. Además, se crea un Registro Nacional de Perros de Vigilancia, una herramienta clave para la identificación, el seguimiento y la verificación del historial de los perros en seguridad privada.
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