Es la tercera expropiación de una empresa española en menos de un año, por lo que Madrid ha anunciado un estudio de las relaciones bilaterales con el gobierno suramericano.
El gobierno de España considera que Bolivia no está siendo un Estado amistoso. El último gesto de esa aparente actitud ocurrió el lunes, cuando el presidente boliviano, Evo Morales, anunció la expropiación de la empresa Sabsa, que era una filial de Abertis y Aena; y que administraba los tres más importantes aeropuertos del país.
Así que los aeropuertos de El Alto (vecina a La Paz), Viru-Viru, en Santa Cruz, y Wilsterman, en Cochabamba, pasarán a manos del “Estado Plurinacional de Bolivia”, cómo dijo Morales en este último aeropuerto, al que asistió para desde allí, hacer público el decreto de nacionalización. La razón que entregó el gobierno fue contundente: Sabsa no había concretado inversiones suficientes para ampliar los aeropuertos.
Sabsa asegura haber invertido US$ 33,6 millones en el desarrollo de los aeropuertos desde 1997 y haber entregado al gobierno un monto total de US$ 73 millones por los derechos de operación. No obstante, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Vladimir Sánchez aseguró que esas inversiones formaban parte del plan maestro de la compañía entre 1997 y 2005 y desde este último año, sólo US$ 6 millones habían sido invertidos.
La empresa española ofreció invertir US$ 36 millones durante los próximos nueve años, pero para Evo Morales fue muy tarde y decidió proceder con la expropiación. Sin embargo, lo que España considera inamistoso es lo común, bajo su punto de vista, que ha resultado esta práctica en los últimos meses. Desde mayo del año pasado, contando a Sabsa, han sido tres las compañías de españoles que han sido nacionalizadas por el gobierno boliviano.
Primero, la situación ocurrió con Transportadora de Electricidad, filial de la Red Eléctrica de España, que pasó a manos públicas en mayo. Después, en diciembre pasado, vino la nacionalización de cuatro filiales de la operadora de energía Iberdrola y ahora Sabsa. El canciller español, José Manuel García-Margallo, anunció que dadas las circunstancias, y muy a pesar de Madrid, el gobierno se ve obligado a replantear el “conjunto de las relaciones bilaterales con Bolivia”.
García-Margallo también anunció que España estudiará todas las medidas necesarias para responder a la expropiación y así mismo buscará la “solidaridad de la Unión Europea, como anticipando eventuales sanciones: “España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado”, apuntó el ministro, quien también expresó su rechazo a que después del anuncio de nacionalización, el Ejército de Bolivia haya rodeado las instalaciones del los aeropuertos. “No es un tema de fuerza, sino simbólico”, aclaró la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila.
El ministro Sánchez adelantó que la compensación económica para Sabsa vendrá de una tasación realizada por una firma independiente en un plazo de 180 hábiles, tal y como ocurrió en las expropiaciones anteriores. No obstante, la protesta del gobierno español surge por lo que señalan como incumplimientos en los casos precedentes.
La ministra Dávila llamó a la calma y prometió “justas compensaciones” para estas empresas e informó que las relaciones con las directivas tras la notificación del decreto han sido cordiales y respetuosas. El gobierno español aún analiza la situación y todavía no toma ninguna acción diplomática a manera de respuesta.