El gobierno argentino intentó mantenerse al margen del escándalo de la “mafia de los medicamentos” —una red dedicada a la falsificación y distribución de medicinas vencidas para el VIH, el cáncer y la hemofilia—, en especial desde que fue salpicado por la revelación de que un grupo de droguerías investigadas hizo aportes a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007.
Pero la Casa Rosada no pudo guardar más silencio frente al grave tema y dispuso la intervención del sistema de salud del sindicato de trabajadores bancarios, medida que había sido solicitada por un juez que investiga el caso. La intervención fue decretada por la propia presidenta Cristina Fernández, luego de que el magistrado Norberto Oyarbide advirtiera sobre la “gravedad” de la adulteración de medicinas, que “compromete la salud pública”.
“La instrucción de la Presidenta es ir hasta el fondo, identificar a los responsables de este hecho criminal y que les caiga todo el peso de la ley”, dijo el ministro argentino de Salud, Jorge Manzur.
Minutos antes del anuncio del Ejecutivo, el magistrado confirmó que citará a declarar al titular de la obra social y del sindicato de trabajadores bancarios, Juan José Zanola, quien “está altamente comprometido”. Oyarbide indicó que Zanola, afín al gobierno de Cristina Fernández, quedó vinculado a la investigación. La Casa Rosada toma distancia.