Unas 30.000 personas en Perú se inician cada año en el consumo de cocaína, de las que el 30% son menores de 25 años, aseguró el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), Rómulo Pizarro.
Perú se convirtió en 2009 en el primer productor mundial de hoja de coca, al registrar 119.000 toneladas métricas frente a las 103.000 de Colombia, según cifras de la ONU.
Previamente a la presentación de un informe sobre el impacto social y económico del consumo de drogas en Perú, y en declaraciones a Efe, Pizarro consideró que las cifras de ingesta de cocaína son bajas con respecto a una población de algo más de 29 millones de habitantes.
En cuanto al estudio, elaborado por Devida con base en una recopilación de datos desde 2002 hasta la actualidad, las cifras indican que la drogadicción y sus consecuencias cuestan al Estado o a los particulares 444,7 millones de dólares al año, lo que representa un 0,2% del producto interior bruto (PIB) peruano.
En términos comparativos, el impacto económico en Perú se mantiene en niveles similares a los de otras regiones suramericanas, como Chile (0,23% del PIB) y Argentina (0,3%), países que, a diferencia de Colombia, cuentan con una metodología unificada en la elaboración de estudios de estas características, explicó Eduardo Haro, coordinador del Observatorio peruano de drogas.
De los 444,7 millones de dólares de gasto vinculado a la ingesta de sustancias estupefacientes, algo más de la mitad (245,7 millones) corresponde a los costes generados por el consumo del alcohol; 192,3 millones de dólares al impacto del consumo y tráfico de drogas ilegales; mientras que los restantes 7 millones de dólares se vinculan al tabaco.
La ingesta de sustancias estupefacientes genera pérdidas de productividad laboral de unos 255 millones de dólares cada año y se calcula, por ejemplo, que el ausentismo laboral por enfermedad de pacientes asociada a drogas es de unos 58,3 millones de dólares.
Aquellas personas que no acuden a su puesto de trabajo por accidentes de tránsito debidos a delitos o infracciones motivados por el alcohol causan pérdidas laborales anuales de unos 44 millones de dólares.
A los seguros les cuesta un promedio de 3 millones de dólares anuales los accidentes de tráfico por consumo de alcohol, según el informe.
Al Estado peruano las consecuencias de la drogadicción le ocasiona unos gastos de 105,9 millones de dólares al año, entre políticas de prevención, programas de concienciación para sustituir las plantaciones de hoja de coca por otro tipo de cultivo y otros programas asociados a combatir la producción y demanda de droga.
De la inversión total del Gobierno, el 80% se engloban en políticas de represión, mientras que el restante 20% se invierte en iniciativas de prevención y tratamiento a drogadictos.
El consumo de droga se traduce, además, en un gasto de 50,3 millones de dólares al año en el ámbito sanitario, de los que 20,7 se destinan a tratamientos ambulatorios, mientras que 6 millones de dólares va a admisiones hospitalarias y 4,9 a tratamientos residenciales, entre otros.