De nuevo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue denunciado ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Esta vez quien interpuso la demanda fue Diego Arriá, precandidato presidencial y quien fuera gobernador, ministro y embajador de Venezuela ante Naciones Unidas previo al gobierno de Chávez.
“Presenté más de 500 entrevistas de víctimas, documentación audiovisual y unas 40 páginas de palabras del propio Chávez que prueban desplazamientos forzados, asesinatos y torturas”. Según Arriá, se reunió con el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para entregarle las más de 600 páginas de documentación. Sin embargo, esta denuncia no tiene muchas posibilidades de prosperar. La Corte, que es el tribunal encargado de juzgar a los autores de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a iniciativa de su fiscal o de los estados firmantes del Estatuto de Roma, nunca ha aceptado denuncias de particulares.
Según este organismo, cada año se presentan cientos de demandas, pero ninguna ha sido admitida hasta el momento. De hecho, esta es la cuarta ocasión en que un particular trata de llevar al presidente venezolano ante ese tribunal. El primero de ellos fue el abogado Williams Cárdenas Rubio, quien con el respaldo de más de 50 organizaciones, creó en 2004 una campaña internacional llamada “Juzgar a Chávez”. Desde ese año, este grupo ha presentado reiteradas denuncias ante la CPI contra Hugo Chávez y otros funcionarios y miembros de los cuerpos de seguridad venezolanos, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, que dieron lugar a la investigación preliminar denominada “Caso Venezuela”.
En 2010, la denuncia estuvo a cargo de Jaime Granados, abogado del presidente saliente de Colombia en esa época, Álvaro Uribe Vélez, quien un día antes de la posesión de Juan Manuel Santos hizo la denuncia por “vínculos con la organización terrorista de las Farc”. También interpuso una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por abusos de los derechos humanos”.
Meses después, el turno fue para el abogado venezolano Hermann Escarrá, quien lo demandó por “graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y por la privación ilegítima de libertad de un numeroso grupo de presos políticos y de conciencia”.
En todos los casos la Corte ha estudiado la documentación, pero no ha abierto ningún proceso contra el presidente venezolano. “Esta vez no tiene por qué ser diferente. Es muy difícil, por estatutos, que la Corte acepte un caso de estos. Sin embargo, se sienta otro precedente de que algo está pasando en Venezuela”, explicó el analista venezolano Hernando Farías.