Chile demandó a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a cuatro bancos de Miami por el presunto ocultamiento de la fortuna del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), confirmaron hoy a Efe fuentes del organismo.
Las acciones legales, que fueron presentadas el pasado miércoles en la Corte del distrito sur de Florida, involucran al Banco de Chile, al Santander de España, al portugués Espirito Santo y al PNC Financial Services Group Inc., que absorbió al Banco Riggs en 2005.
Según las investigaciones de la justicia chilena, Pinochet amasó en cuentas secretas que manejó en el exterior una fortuna calculada en más de 26 millones de dólares (casi 18,5 millones de euros), de los cuales unos 20 millones (14,2 millones de euros) carecen de explicación legal.
El CDE, organismo que tiene como misión defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado chileno, obtuvo en julio de 2008 la autorización para emprender las diligencias legales contra los bancos mediante un decreto firmado por la presidenta Michelle Bachelet.
La demanda presentada por los abogados estadounidenses Pedro Martínez-Fraga y Tania Cruz recalca que muchas de las cuentas secretas del dictador chileno habrían quedado expuestas si los bancos involucrados hubieran acatado las normas sobre lavado de dinero.
“Aún más trágico, algunas de esas instituciones financieras fueron más allá de la simple negligencia y optaron por ayudar a Pinochet (…) a ocultar la fuente y verdadera propiedad de fondos substanciales que fueron depositados en sus instituciones”, precisa la medida legal.
Una vez la demanda sea declarada admisible, el fisco chileno planteará el monto indemnizatorio que estima conveniente, aunque finalmente será el juez quien decida la indemnización en función de los antecedentes entregados por Chile y las entidades bancarias implicadas.
Cuando murió, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en este caso por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos, además de desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.
En Chile la investigación ha continuado en torno a la familia y colaboradores del dictador después de su muerte y se mantienen embargados sus bienes.