Hubo un tiempo en que Venezuela y Colombia vivieron una relación pacífica a pesar de las evidentes diferencias: uno de los primeros actos de gobierno de Juan Manuel Santos en su primer mandato, en 2010, fue darle la mano a Hugo Chávez en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Por entonces, tras las rebatiñas constantes con el gobierno de Álvaro Uribe, Santos y Chávez parecieron aceptar que un principio mayor debía convertirlos en amigos: estaban en la quinta de la que partió el padre de la independencia hacia su muerte y, auscultados por ella y por la Historia —así, con mayúsculas—, hicieron las paces.
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El cambio de gobierno, tras la muerte de Chávez, presupuso una prolongación similar de la relación. Por el simple hecho de ser vecinos, Colombia y Venezuela debían tener una concordia acorde, al menos, a la diplomacia. Entonces, el gobierno de Santos consagró toda su estrategia en construir una relación ni tan cercana ni tan lejana. El comienzo de los diálogos de paz fue un punto de inflexión y profundización en su vínculo: como mediador, Venezuela se trocaba en un aliado esencial al mismo tiempo que recibía los beneficios políticos de entrar en un proceso histórico.
El segundo punto de inflexión ocurrió esta semana. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió que tomaría las funciones de la Asamblea Nacional. En palabras más claras, el Parlamento fue disuelto y el máximo tribunal dijo que se encargaría de hacer leyes, firmar tratados internacionales y ajustar nuevos créditos para el presupuesto nacional. Las protestas, entonces, comenzaron en las calles y en los pasillos políticos y el máximo tribunal desistió este sábado de persistir en esta medida. Las reacciones diplomáticas de los gobiernos de la región fueron esenciales para impulsar ese desistimiento. Entre ellas estuvo una carta de cinco países de la Unasur, enviada en la tarde del viernes, en la que condenaron la decisión del alto tribunal y pidieron una solución apegada a la Constitución. Entre esos cinco países estaba Colombia.
Un viraje en el tono
El cambio no es repentino. Hace poco más de una semana, Colombia y otros 13 países firmaron una carta con tres peticiones específicas: nuevas elecciones, liberación de los presos políticos y reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional. A estos se sumaría, entonces, la solicitud urgida del comunicado de Unasur de respetar la división de poderes. Sin embargo, el Tribunal de Justicia hizo oídos sordos: eliminó la inmunidad parlamentaria de los diputados y tomó los poderes del Parlamento. Ahora, con la vuelta de hoja, ambos países podrían volver al tono anterior (a pesar de que, en la práctica, la Asamblea Nacional no tiene ningún poder porque se encuentra en desacato).
Colombia ha hecho, entonces, un viraje cauteloso. Hasta hace unos meses mediaba a través de la Cancillería para instar a la oposición y el oficialismo al diálogo. Cuando Luis Almagro, secretario general de la OEA, pidió que se aplicara la Carta Democrática a Venezuela —una estrategia que podría acarrear sanciones económicas y políticas para ese país—, Colombia se negó. Sin embargo, en una declaración este viernes, Santos aseguró que “no descarta” la aplicación de la carta, pocas horas antes de condenar —por segunda vez en un día— la decisión del máximo tribunal. A esto habría que sumar el llamado a informes y luego el llamado a consultas que hizo el Gobierno colombiano a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano.
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Todo ello en conjunto habla de un momento distinto en el que Colombia puede declararse contra su vecino con cierta diplomacia. “Si uno lo compara con las reacciones de otros gobiernos, como el de Perú (que retiró a su embajador en Venezuela), es una reacción que podría calificarse de tibia —dice Cristian Rojas, experto en política internacional y profesor de la Universidad de La Sabana—. No creo que retiren al embajador. Va a tomar una medida, que es la habitual, para mostrar que se está respondiendo”. La relación entre Colombia y Venezuela, al menos en un estadio político, ha disminuido desde que comenzó la implementación formal de los acuerdos de paz con las Farc. Eso también entra en la ecuación. “(Colombia) ya no tiene la misma dependencia con el gobierno de Maduro —dice Rojas—, que tenía un papel en los diálogos con las Farc. Como se ha perdido ese elemento, creo que eso ha permitido que el gobierno tome posiciones que no habría tomado antes”.
Una distancia mantenida
Habría que comprender, además, una verdad de a puño: Colombia es el vecino que más comparte frontera con Venezuela. En ese sentido, cualquier pronunciamiento podría desatar una crisis y los gobiernos deben ser cautelosos en la forma en que se dirigen a sus vecinos (ya sea por intereses políticos, ya sea por pura convivencia fronteriza). El cambio de Colombia es, pues, muy diciente: aunque algunas de sus declaraciones han sido un “saludo a la bandera”, como asegura Rojas, otras, como su petición ante la OEA, tienen una posición más firme y decidida.
Jerónimo Ríos Sierra, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la EAN, afirma: “Sí que es cierto que, en los últimos meses, Colombia ha abandonado su tradicional neutralidad con respecto a lo que pasa en Venezuela. La involución democrática y el desdibujamiento del Estado de Derecho, evidentes, y que ponen en serio peligro algunos de los aspectos positivos que dejó consigo el chavismo, han hecho que, por ejemplo, Colombia suscribiera una petición en el marco de la OEA. La distancia sobre Venezuela, si usted se fija, es una constante en Mercosur, en Centroamérica y México”.
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Sólo Bolivia y Ecuador, aliados políticos de Maduro en el continente, se han mantenido en silencio. A pesar de que existe un marco legal para sancionar a Venezuela, Colombia se ha mantenido en una posición que, si bien no es neutral, tampoco es invasiva: es una petición, una solicitud, un favor. Mientras exista cierta voluntad de realizarlo, no habrá mayor presión. “Una de las cosas que yo, positivamente, destaco de la posición diplomática de Colombia en los últimos años es, precisamente, la cautela y la relativa distancia respecto a pronunciamientos sobre terceros países. Se agradece el mayor decoro diplomático”, dice Ríos Sierra. Las afirmaciones de Santos y la declaración conjunta con cinco países de Unasur dejan todavía en manos del Gobierno la decisión final de “restablecer la democracia”.
Para Mauricio Jaramillo Jassir, analista y profesor de la Universidad del Rosario, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es un punto de cambio definitivo en la relación entre ambos países. “Creo que con lo de este jueves —dice Jaramillo—, hay un punto de inflexión pues la esterilización de la Asamblea hace evidente un problema de separación de poderes. Asumo que el gobierno se está llenando de argumentos para hacer una presión más efectiva y más directa”. Los tres frentes en que Colombia ha presionado —presos políticos, Asamblea Nacional y nuevas elecciones— no han tenido aún ningún efecto. En medio están también los diálogos con el ELN, aunque sin una influencia tan marcada de parte de Venezuela como la que tuvo en los diálogos con las Farc. En ese sentido, las sanciones podrían ir en aumento. “Es un tema muy delicado —dice Jaramillo— pues sigue siendo un asunto interno y Colombia querrá respetar la soberanía, pero puede estarse gestando en la zona un castigo simbólico para aislar a Venezuela hasta que haya una normalización del funcionamiento del poder legislativo, esto sin aplicar la carta democrática de la OEA”.