Una auténtica oleada de cólera se desató entre la comunidad hispana de Estados Unidos tras la entrada en vigor en Arizona de una ley que, por primera vez en la historia de este país, permite a la policía detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de ser un inmigrante ilegal. La medida, de múltiples consecuencias y extraordinario simbolismo, tendrá que ser debatida ante los tribunales de justicia y, probablemente, obligará a una acción de respuesta de Barack Obama.
La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas Cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está en el país legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con US$2.500 y, eventualmente, expulsado del país.
Cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se concentraron el sábado como señal de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano. Incluso México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica reaccionaron al unísono contra la nueva ley. El presidente Obama manifestó que la iniciativa de Arizona constituye “una irresponsabilidad” sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados.
La gobernadora Brewer justificó la ley “por la incapacidad del gobierno federal de asegurar nuestras fronteras”. La misma razón por la que le ha dado su apoyo el senador republicano de ese Estado John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.
La situación en Arizona y en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no sólo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día para engrosar la cifra de inmigrantes indocumentados, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles.
Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país, y en ese Estado viven más de 1,8 millones de hispanos, entre ellos unos 420.000 ilegales.