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Detienen a 10 alcaldes de México por vínculos con la mafia

Los detenidos pertenecen a los tres partidos políticos más importantes de ese país.

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El Ejército y la Fiscalía mexicana detuvieron este martes a diez alcaldes del estado de Michoacán, en la primera operación antidroga en el país dirigida al mismo tiempo contra varias autoridades electas en las urnas que se encuentran en activo.

“Esto es muy importante. En los últimos años donde realmente ha tejido sus redes el ‘narco’ es a nivel local”, dijo a Efe Jorge Chabat, el experto en seguridad pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Los alcaldes arrestados, todos ellos por sus presuntos nexos con el crimen organizado, presiden las alcaldías de Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga, Uruapan -la segunda ciudad en importancia del estado-, Coahuayana, Zitácuaro, Aquila, Buenavista, Ciudad Hidalgo y Tumbiscatío. “Las detenciones se realizaron en cumplimiento de una orden de localización y presentación obsequiada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo)”, detalló la PGR.

Los ediles pertenecen a los tres principales partidos mexicanos, Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), que el próximo 5 de julio concurren a las elecciones intermedias que renovarán los quinientos escaños de la Cámara de los Diputados. Además, en los comicios se elegirán autoridades locales en once de los 32 estados, aunque ningunas en Michoacán.

En la acción cayeron, además, 17 funcionarios y ex funcionarios con distintas responsabilidades, entre ellos un juez, el director del Instituto Estatal de Formación Policial, el jefe de agentes de la Dirección de Gobernación Estatal, dos directores de seguridad pública municipal, diversos jefes de grupo, comandantes y policías.

Morelia, capital de Michoacán, fue escenario el 15 de septiembre pasado del lanzamiento indiscriminado contra la población civil de varias granadas. El atentado, registrado durante un acto de celebración de la independencia del país, dejó ocho muertos y más de cien heridos. El estado es el lugar donde operan “Los Zetas”, brazo armado del cártel del Golfo, y “La Familia”, un grupo que, además, de traficar con drogas se dedica al secuestro.

Según Chabat estas dos organizaciones criminales “se están peleando” desde hace tiempo por el territorio, donde nació el presidente Felipe Calderón y donde, desde 2007, hay una importante presencia militar en un intento de contener a los narcotraficantes.

Michoacán es estratégico para los cárteles en el corredor del Pacífico mexicano hacia la frontera con Estados Unidos y es uno de los principales productores de marihuana, amapola y drogas sintéticas. Preguntado sobre si la cercanía de las elecciones pudiera haber detonado el operativo de este martes, por motivos políticos Chabat dijo que era “difícil hacer ese nexo”.

“Aquí la pregunta es saber si las personas que detuvieron son culpables. Si lo son, no se puede cuestionar”, agregó. El presidente del oficialista PAN, Germán Martínez, calificó este martes el operativo de “importante, histórico, grave” y recordó que el gobernante mexicano “es el que ha ordenado llegar al fondo de esa investigación, sin distingo de partidos”.

Asimismo, pidió al gobernador michoacano, Leonel Godoy, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), que coopere con las autoridades federales. En la historia reciente de México el caso más prominente de nexos con el narcotráfico de una autoridad elegida en las urnas es el del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (1993-1999), quien tras huir del país antes de abandonar el cargo fue acusado de narcotráfico por la fiscalía.

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En 2001 fue capturado y sentenciado a seis años de prisión que cumplió en 2007, aunque sigue en la cárcel, porque pende contra él una petición de extradición a Estados Unidos bajo los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Villanueva fue acusado de complicidad con el cártel del Golfo y de permitir el paso de cargamentos de cocaína por su estado. Además, en los últimos años fueron detenidos altos cargos de las fuerzas de seguridad del Estado por las mismas razones, entre ellos varios zares antidrogas.

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