El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó este martes una parte clave de una ley federal de 1965 que protege el derecho al voto de las minorías raciales en el país.
Por una votación de 5 a 4, el Supremo invalidó la sección cinco de la Ley de Derecho al Voto, que obliga a algunos estados y condados considerados de «tradición discriminatoria» a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo cualquier modificación electoral.
De acuerdo con el Supremo, es el Congreso el que debe ahora buscar una nueva fórmula para determinar qué estados y localidades requieren de una vigilancia estrecha de sus procedimientos electorales por parte de las autoridades federales.
La sección 5 de esa ley se aplicaba a nueve estados y a partes de otros seis, en su mayoría en el sur del país y donde predomina la población blanca.
El caso se derivó de una demanda presentada por el condado Shelby del sureño estado de Alabama, uno de los afectados por la sección 5 y que decidió impugnar su constitucionalidad.
El presidente del Supremo, el magistrado John Roberts, fue el encargado de redactar el fallo, del que disintieron los 4 jueces progresistas del alto tribunal.
«Nuestra decisión de ninguna manera afecta a la prohibición permanente, a nivel nacional, de la discriminación racial en la votación», escribió Roberts
Según el presidente del Supremo, corresponde al Congreso «elaborar otra fórmula» para evitar la discriminación racial «basada en las condiciones actuales» y no en las de 1965.
Grupos defensores de los derechos civiles habían insistido en que el Supremo debía dejar intacta la sección 5 de la ley porque, a su juicio, sigue siendo una herramienta clave para proteger el derecho al voto tanto de los afroamericanos como de los hispanos.
Concebida inicialmente para lidiar con la situación de los afroamericanos en el sureste del país, en los años setenta la ley fue enmendada para dar cobertura también a los ciudadanos hispanos de Texas, Arizona y áreas de California, Florida y Nueva York.