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El caso Chen

Un ciego pone el barómetro sobre la capacidad conciliadora entre las dos mayores economías del mundo: Estados Unidos y China.

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Chen Guangchen, el archiconocido abogado que escaló la pared trasera de su casa para escapar de su arresto domiciliario y logró entrar a la Embajada de EE.UU., es ahora el punto de tensión que los gobiernos de Barack Obama y Hu Jintao tratan con pinzas para evitar escándalos en un año de transición de poder en ambas naciones. Pero las palabras del invidente no hacen sino incrementar la tensión: anunció que no se siente seguro en su país y quiere irse con su familia a EE.UU. en el avión de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Aunque EE.UU. quiere ayudar al activista a salir en exilio, las posibilidades de lograrlo se ven borrosas. Al menos para el padre de la disidencia china que vive exiliado en Washington, Wei Jhiingseng, no hay “ninguna posibilidad” de que su compatriota llegue a suelo norteamericano. Para Wei, dejar salir a Chen de la embajada estadounidense el miércoles, después de seis días de haber estado refugiado allí y una vez China garantizara su seguridad, fue un acto de ligereza que impedirá que el régimen chino le dé otra oportunidad de huir.

El futuro del ciego plantea una encrucijada para EE.UU. y China. Clinton, quien llegó a Pekín para asistir al invisibilizado Foro Estratégico Económico Anual entre ambas naciones, tiene que vérselas con el Partido Comunista Chino —el único que gobierna al país hace más de cuatro décadas— para lograr que el futuro de Chen se resuelva de modo que su libertad y sus derechos sean respetados, pero le quedará difícil cambiar las drásticas leyes que aplica el gigante asiático sobre sus disidentes.

En China surgen divisiones. Meses antes de la transición política que entregará el poder a Xi Jinping, el actual presidente y su primer ministro y defensor de la democracia, Wen Jiabao, podrían pensar en dejar ir a Chen para evitar un mayor destape internacional de las injusticias del régimen contra sus disidentes —que ya han sido suficientemente denunciadas por múltiples organizaciones de derechos humanos—. Pero esta decisión les bastaría para que otros sectores del gobierno más conservadores los juzguen —como desde ya lo hacen con Jiabao— de traicionar el régimen comunista y arrodillarse frente a valores extranjeros.

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