El presidente peruano, Martín Vizcarra –a quien le faltan sólo ocho meses del fin de su mandato– fue destituido hoy por un Congreso que desde que inició su mandato buscaba tumbarlo como fuera. Vizcarra, quien asumió la bandera anticorrupción durante su mandato, fue acusado por “incapacidad moral”, tras negar haber recibido coimas por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.
“Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones, no he cobrado soborno alguno”, afirmó, al defenderse personalmente ante el plenario, sin recurrir a un abogado. La tenacidad y honestidad que predica le ayudó a librarse del primer proceso de destitución, que lo tuvo contra las cuerdas el 18 de septiembre por aparentemente inducir a mentir a dos colaboradoras en investigaciones del Parlamento y la Fiscalía por unos cuestionados contratos con un cantante.
Aunque su imagen quedó mellada y su poder debilitado, sobrevivió para hacer frente a los problemas que marcan su agenda: pandemia, recesión económica, un brote de difteria y las elecciones de abril de 2021, en las que no puede ser candidato.
Sus adversarios en el Congreso alegan que habría recibido coimas cuando era gobernador. Los montos de los supuestos sobornos ascienden a 2,3 millones de soles (unos 623.000 dólares), en un caso investigado por la Fiscalía desde 2018, pero que recién ahora ganó notoriedad por unos reportajes de prensa. Vizcarra niega esos pagos y atribuye la moción a una maniobra para retrasar las elecciones generales de abril 2021, y prolongar el mandato del actual Congreso.
Como defensa en las últimas semanas, el mandatario esgrimió que una bancada radical en el Parlamento, dirigida desde prisión por el exmilitar golpista y sentenciado por homicidio Antauro Humala, es la que buscaba su caída, manejando su propia agenda política y que busca, en alianza con otros grupos políticos, postergar las elecciones generales para mantenerse en sus cargos por más tiempo.
Vizcarra insistió este lunes en esas tesis, al defenderse del segundo pedido de destitución que se basa en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía aún no corroboradas. En su defensa, el ahora exmandatario señaló que hay 68 congresistas (de un total de 130 legisladores) investigados actualmente por el Ministerio Público y que tienen “intereses personales” en que se le destituya del cargo, presumiblemente para mantener privilegios y no ser juzgados.
No sirvió que categórica y repetidamente negara cualquier hecho de corrupción y pidiera que se le investigue conforme a ley cuando en julio de 2021 tuviera que dejar la presidencia.
Investigaciones en curso
Vizcarra, que estuvo vinculado al negocio de la metalmecánica en su natal Moquegua antes de su vida política, fue investigado por la Fiscalía por los presuntos sobornos durante su gestión regional, precisamente por la misma obra pública por la que ahora le acusan de haber recibido sobornos, una investigación que fue archivada.
Con las revelaciones que terminaron en su destitución, la fiscalía volvió a reabrir el caso, que se une a otra más que se iba a extender hasta el final de su periodo en la presidencia, por las denuncias del caso “Swing” en vista a que existe mérito para investigarlo por un presunto tráfico de influencias.
En forma paralela, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua son también investigadas al estar comprometidas en el “club de la construcción”, un grupo de compañías que se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
Paradójicamente, Vizcarra alcanzó la notoriedad a nivel nacional después de una llamativa gestión en la región de Moquegua, donde logró los indicadores más altos en desarrollo social, especialmente en educación escolar, y el mejor índice de desarrollo humano.
Por estos resultados, Vizcarra había recibido en 2015 las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta (maestro), la máxima condecoración oficial para un docente peruano.
¿Quién es el cantante del primer juicio en su contra?
Otro de los casos que se adelantaba en su contra fue el que lo involucraba con un cantante local. En mayo medios locales informaron que el Ministerio de Cultura habría contratado como conferencista y animador al cantante Richard Cisneros para dictar charlas motivacionales virtuales. La Fiscalía y el Parlamento abrieron investigaciones sobre los presuntos contratos irregulares por los que Cisneros cobró unos 50.000 dólares entre 2018-2020.
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Medios peruanos dicen que el gobierno había contratado al cantante en retribución por haber apoyado la campaña presidencial de 2016, ganada por Kuczynski con Vizcarra como compañero de fórmula. La casa del cantante fue allanada por la Fiscalía y la policía el sábado en busca de documentación.
El 29 de mayo renunció Sonia Guillén, quien se encargaba del Ministerio de Cultura, luego de la contratación presuntamente irregular del cantante Richard Cisneros
Los audios del caso
El 10 de septiembre el legislador opositor Edgar Alarcón divulgó unos audios grabados en el palacio presidencial en junio, lo que echó a rodar el proceso de destitución del presidente. En los audios al parecer se escucha a Vizcarra instigar a dos colaboradoras a mentir ante los investigadores en el caso de los contratos con Cisneros.
“El destino y los valores de la democracia me obligan a dar la cara una vez más para defender al pueblo, aunque con ello, los enemigos de todos los peruanos intenten enlodar mi imagen. Por las revelaciones expuestas solicito garantías para mi familia, Karen Roca y Richard Cisneros”, dijo Alarcón en sus redes sociales.
“Vienen circulando, y han sido entregados a los medios de comunicación, un conjunto de audios. Como corresponde, todos esos materiales deben ser corroborados y ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público”, dijo Vizcarra.