Problemas, más problemas. Esta parece la constante en el que será el último año de gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala. La última postal del álbum de los inconvenientes es la moción de censura que el Parlamento aprobó contra la que fuera la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien ha recibido todo el peso político del escándalo de espionaje (“chuzadas” en nuestro argot colombiano”) de políticos, periodistas y diversos personajes públicos. Entre los vigilados, estaban la mayoría de los actuales congresistas, la propia Jara, el expresidente Alejandro Toledo y el actual ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Ahora, en el centro del debate se encuentra la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), señalada como la responsable de los seguimientos.
La tempestad comenzó a finales de febrero con el estallido del escándalo. La reacción de Humala intentó apaciguar los ánimos tan pronto como fuera posible y desde el 1 de marzo, el mandatario ordenó 180 días de reestructuración como respuesta a las denuncias. Desde entonces, la investigación avanza y la batalla política se ha trasladado a los terrenos colindantes de la controversia. Desde la oposición se ha cargado contra Jara como presunta responsable y desde el oficialismo se ha apelado a la reincidencia de conductas ilegales en materia de espionaje desde los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alán García (2006-2011).
No obstante, da la sensación de que se vienen días más complicados, más aún cuando la coalición gobernante no cuenta con la mayoría parlamentaria y a la ya de por sí baja popularidad de Humala (ronda el 22% de aprobación actualmente) se suma ahora la imagen de un gobierno aparentemente policivo.
Para el presidente el arrastre de polémicas cada vez es más pesado, pues los cuestionamientos en su contra van desde el poder que ha ejercido el capital extranjero en la extracción de recursos naturales —tras la muerte de un manifestante en protestas civiles contra la firma Pluspetrol, tuvo que relevar a cinco de sus ministros— hasta el proceso contra su esposa y líder del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos.
Ana Jara, quien era la séptima primera ministra en cuatro años de gestión de Humala, se declaró inocente de cualquier responsabilidad y miembros de su partido declararon este precedente como una demostración más de que existe una persecución en su contra. Ahora al jefe de Estado le corresponde designar a un ministro reemplazante que reciba el aval del Parlamento, lo que quizá lo obligue a realizar concesiones políticas con la oposición. En cualquier caso, Humala está facultado constitucionalmente para disolver el poder legislativo y convocar nuevas elecciones, quizá, la salida más impopular posible.