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El lío alrededor de un altar que conmemora la muerte de 41 niñas en Guatemala

La muerte de 41 niñas, que murieron hace más de dos años quemadas dentro de un aula cerrada bajo llave de un hogar estatal de Guatemala, permanece intacta en la memoria de muchos en el país. Un altar, que conmemora la tragedia, es el centro de disputa entre el gobierno, que quiere quitarlo, y organizaciones y familiares que se resisten a perder el símbolo.

10 de octubre de 2019 - 06:32 p. m.
Una niña aviva el fuego ceremonial este martes durante una ceremonia para reinstalar un altar en memoria de 41 niñas que murieron quemadas en un hogar estatal de Guatemala. / EFE
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Hace poco más de dos años y medio murieron 41 niñas quemadas en un aula cerrada bajo llave de un hogar estatal de Guatemala. Para conmemorar el acontecimiento, los familiares y conocidos construyeron un altar que fue retirado por las autoridades el mes pasado. El punto clave de la historia es que hay un reclamo general contra el gobierno, pues lo señalan como el presunto responsable de la muerte de las menores. 

Por eso organizaciones sociales de Guatemala exigieron este jueves al Gobierno que respete el altar reinstalado. Reunidas ante este nuevo monumento, pues el pasado martes, organizaciones de mujeres y en pro de la diversidad sexual pidieron respeto para este espacio de memoria para las pequeñas. 

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Y es que para el ministro de Cultura y Deportes, Elder Súchite, el altar debe ser retirado cuantas veces sea necesario de la Plaza de la Constitución, donde está erigido, pues el lugar «no es un cementerio y representa un peligro». 

El ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, instó en una resolución al ministro de Cultura a «respetar los espacios destinados a preservar la memoria de las víctimas del incendio ocurrido en el Hogar Virgen de la Asunción, así como las medidas implementadas por la sociedad guatemalteca». 

Rodas recomendó a Súchite «tomar en cuenta las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala para el respeto, garantía y reparación de las violaciones a los derechos humanos, para promover los espacios de preservación de la memoria de las víctimas» del incendio. 

Unas macetas verdes, con el nombre de cada una de las pequeñas y con un mensaje en la parte de atrás -como calladas nunca más, voces, verdad, sanar, defensa, igualdad, fuerza, esperanza o manifestar-, recordaban a las víctimas. 

Cada una de las cruces, contaron, representan a una «vida silenciada» y porque la población sí tiene memoria seguirán peleando por justicia para las pequeñas y sus familias: «No tenemos ni perdón ni olvido». 

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«Nos Faltan 41», «Exigimos Justicia», «No fue el fuego, fue el Estado», «Hogar Seguro Virgen de la Asunción, resultó para las niñas campo de concentración», «Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan» o «Por la vida de las mujeres» fueron algunas de las consignas y mensajes. 

La directora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, Ada Valenzuela, aseguró que esta defensa no es un reto a las autoridades, a las que les molesta «tener memoria», pero avanzó que si las vuelven a quitar las van a volver a poner. 

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El primer altar, retirado por el Gobierno, había sido colocado por un grupo de personas en la plaza en memoria de las víctimas y recibía visitas sin que nunca produjera ningún incidente. La gente miraba, rezaba o dejaba algunas flores y seguía con su camino. 

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron calcinadas encerradas en un aula pequeña bajo llave, donde originaron un incendio para protestar por las constantes violaciones físicas y psicológicas de las que fueron víctimas. 

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Además de las 41 niñas fallecidas, la tragedia dejó a 15 heridas. Todas, las 56, habían sido encerradas bajo llave en un aula de unos 46 metros cuadrados donde originaron un incendio en la mañana del 8 de marzo para que las autoridades y policías, que las habían metido allí, les permitieran salir al baño luego de estar toda la noche prisioneras. 

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Sin embargo, la Fiscalía asegura que la subinspectora de la Policía, Lucinda Marroquín, mantuvo la llave del candado de la puerta en el cinturón durante nueve minutos sin abrir, mientras el fuego y el humo causaban la muerte y herían a las menores. 

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El día anterior, el 7 de marzo de 2017, un grupo de adolescentes (56 niñas y 43 niños) había intentado escapar del Hogar Seguro para denunciar violaciones a sus derechos, pero fueron recapturados y concentrados frente al portón del centro de acogida, que se encuentra a 22 kilómetros de la capital, en el municipio metropolitano de San José Pinula. 

Por este caso hay al menos unas 8 personas que deberán enfrentar un juicio por diversos delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. 

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