Eran las 7 de la noche cuando llegaron 30 ó 40 hombres fuertemente armados. Dijeron ser mexicanos y preguntaron por el dueño de la finca. Al no oír la respuesta que esperaban fueron sacando uno a uno a los 27 campesinos que desde hacía una semana habían llegado a la hacienda para trabajar en la siembra de zacate (hierba para ganado). Una hora más tarde se escucharon disparos y gritos. Así lo recuerda uno de los tres sobrevivientes de la masacre perpetrada entre la noche del sábado 14 de mayo y la madrugada del domingo 15 en la finca Los Cocos, ubicada en el municipio de La Libertad, estado de Petén (Guatemala).
El suceso, atribuido al cartel mexicano de Los Zetas, llevó al presidente, Álvaro Colom, a decretar el estado de excepción en la provincia –al igual que lo hizo en el estado de Alta Verapaz en diciembre pasado– con la intención de facilitarles a las fuerzas de seguridad el registro de casas y el arresto de personas sin órdenes judiciales. La intensificación de los operativos militares en la región norte del país permitió la captura del autor intelectual de la masacre: Hugo Álvaro Gómez Vásquez, un exsoldado del Ejército guatemalteco perteneciente a la Brigada Kaibil —una fuerza élite creada a finales de la década de los setenta para combatir a las guerrillas y que es acusada de haber cometido matanzas de civiles durante la guerra civil— acusado de dirigir una de las facciones que el cartel mexicano tiene en Guatemala, Los Zetas 200.
Históricamente Guatemala ha sido considerado un enclave del narcotráfico. Debido a su posición geográfica, toda la droga que proviene de Colombia, Venezuela y Perú recala allí. En 2010, las autoridades de Guatemala incautaron US$ 2,197 millones en bienes y drogas de las redes del narcotráfico. “El país es considerado la bodega de Centroamérica. Allí los carteles guardan la droga hasta que pueden trasladarla a México por buques o a través de la frontera del estado de Chiapas”, afirma Ricardo Revelo, periodista mexicano de la revista Proceso.
El caso de alias Comandante Buja, como era conocido Gómez Vásquez, no es aislado. Es más bien la confirmación de un fenómeno que, desde la suscripción del ‘acuerdo de paz firme y duradera’ entre el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y la autoridad revolucionaria que marcó el fin de tres décadas de lucha armada interna, ha venido ocurriendo en el país con plena impunidad. Al terminar el conflicto, el déficit presupuestario obligó a las Fuerzas Armadas a despedir abruptamente a más de 15.000 soldados, entre ellos muchos kaibiles. Debido a su buen entrenamiento y a la poca oferta laboral, muchos de estos oficiales fueron comprados por el crimen organizado que, según el viceministro de Seguridad, Mario Castañeda, les paga un sueldo mensual de US$5.000 a cambio de entrenamiento y colaboración en la distribución de drogas.
De acuerdo con varias investigaciones realizadas en Guatemala, fue el barón de la droga guatemalteco Otto Roberto Herrera el primero en contratar los servicios de exkaibiles, una idea que luego fue imitada por algunos carteles mexicanos como el del Golfo o el de Los Zetas. Últimamente, el reclutamiento no ha sido estrictamente de kaibiles desertores, ahora también incorporan a oficiales en activo, como fue el caso de Carlos Martínez, quien era jefe de la Tercera Sección de la Primera Compañía de la Brigada Kaibil en Poptún cuando fue capturado en 2006 por sus vínculos con el narcotráfico. En entrevista con la periodista mexicana Ana Lilia Pérez, el jefe de la Brigada Kaibil, Eduardo Morales Álvarez, reconoció el problema: “Es una realidad que algunos de nuestros kaibiles están trabajando con narcotraficantes”.
Aunque el número exacto de kaibiles que están al servicio del narcotráfico se desconoce, para Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala, “el interés del cartel mexicano de Los Zetas es cada vez mayor y se basa en que son fuerzas de élite condicionadas físicamente para actuar sin ética ni moral. Son realmente asesinos a sueldo”.
Sin embargo, los kaibiles no son los únicos responsables del espiral de violencia que vive el país, reflejado en el aumento del número de muertos que pasó de 2.200 en 2000 a 6.600 en 2010. “La falta de presencia del Estado y la debilidad institucional han permitido el surgimiento sin control de las empresas privadas: legalmente hay 147 e ilegalmente debe haber el doble. Además, está la permisividad en el porte de armas: hay 414 mil legales y oficialmente se venden más de 50 millones de municiones al año”, reconoce Asturias.
Posición respaldada por Helen Mark, presidenta de la Fundación Mirna Mark. “El gobierno de entonces no se preocupó por estructurar programas de reinserción serios para los desmovilizados y ahora nos estamos enfrentando a un crimen organizado que tiene capacidad militar, control territorial y armas incluso mucho más potentes que las del Ejército Nacional”, afirma. Además, asegura que su país tiene que fortalecer todo lo concerniente con inteligencia policial para que los operativos sean focalizados y mucho más certeros.
Esta propuesta parece lejana ya que el Ministerio de Gobernación no tiene dentro de sus prioridades el fortalecimiento de los organismos de seguridad. El presupuesto de ese sector equivale a menos del 2% del PIB. “Es completamente insuficiente, necesitamos una reforma fiscal que implemente impuestos de seguridad como se hizo en Colombia para poder financiar la seguridad y la justicia”, advierte Asturias.