El Gobierno argentino oficializó este miércoles variaciones en la reciente norma que modificó los días festivos del país, tras el aluvión de quejas suscitado por la movilidad de la conmemoración de fechas como el 24 de marzo, Día de la Memoria por el aniversario del último golpe de Estado.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo volvió a hacer inamovibles los «feriados» del 24 de marzo, (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y 20 de junio (Día de la Bandera).
El decreto da así marcha atrás con los fragmentos más polémicos del régimen de días festivos establecido por el Gobierno la semana pasada.
La rectificación ya había sido anunciada por la Presidencia argentina este fin de semana, a través de un comunicado que remarcaba que la decisión fue adoptada por el propio presidente Mauricio Macri, tras escuchar «diferentes opiniones», «convencido que era la mejor decisión para evitar división y seguir trabajado en pos de la unidad de los argentinos».
El decreto original tenía como objetivo eliminar los llamados «puentes», que provocaban, según el Ejecutivo, «dificultades» para cumplir los 180 días de clase del ciclo lectivo y afectaban «la competitividad» del sector productivo.
Por ello, se trasladaban los festivos que caen en martes y miércoles al lunes anterior, y los que coincidían con jueves y viernes, al lunes siguiente.
Ciertas fechas no estaban sujetas a cambios por su significado histórico o religioso o gozar de reconocimiento internacional, como el 1 de enero, el lunes y el martes de Carnaval, el Viernes Santo, el 1 de mayo (día del trabajador), el 25 de mayo (aniversario de la Revolución por la Independencia), el 9 de julio (día de la Independencia) o el 25 de diciembre.
Que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y el de los Caídos en Malvinas no estuvieran sujetos a esa consideración suscitó fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y de los partidos de la oposición.
«No son fechas cualquiera, sino que son fechas que marcaron 30.000 vidas (cifra de desaparecidos por el terrorismo de Estado), 500 bebés (apropiados), los robos de bienes y un país totalmente aniquilado y luego esas muertes injustas tan lejos de la patria de los chicos de Malvinas», había lamentado la titular de la asociación humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El Gobierno, sin embargo, aducía que promovería jornadas de reflexión en las escuelas y en los espacios de ámbito público.