La decisión del presidente Nayib Bukele de buscar la reelección en 2024 atizó el debate sobre si constitucionalmente es posible y legal, pese a que la Corte Suprema lo habilitó, algo rechazado por sus detractores que ven en ello una acción para retener el poder. Una resolución de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia habilitó al gobernante a poder buscar una reelección que, no obstante, la misma Constitución prohíbe.
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¿Es posible la reelección presidencial?
En septiembre de 2021, esa sala de la Corte ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplir su resolución y “permitir” en este caso que Bukele “participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, basada en una interpretación de un artículo de la Constitución, que, según aseguran los opositores a la reelección, es el que la prohíbe.
“Esa resolución no está apegada a derecho, se ha manipulado el texto constitucional y se ha hecho una interpretación errónea y a la medida (del presidente), pues la reelección no está permitida”, consideró Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, dedicada a fiscalizar la corrupción.
Recordó que en mayo de 2021, con ayuda de sus aliados en el Congreso, Bukele destituyó a los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema, además del fiscal general, cosa que fue considerada por Estados Unidos como algo “antidemocrático”.
Tras el anuncio del mandatario, consideró Escobar, “nos encaminamos a convertir El Salvador en otra Nicaragua”, en referencia al largo gobierno del presidente Daniel Ortega. “Bukele se quiere perpetuar en el poder”, advirtió Escobar.
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Pese a que según las encuestas goza de una amplia popularidad entre la ciudadanía, el mandatario también ha sido acusado de autoritario por opositores y organismos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos.
“Si nos atenemos a la resolución de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema, el camino de la reelección está abierto, pues es la interpretación que la sala ha hecho y en eso no hay más que hacer, nos guste o no”, consideró el analista político y abogado Julio Valdivieso.
¿Se puede frenar la reelección?
Valdivieso señaló que por hoy “no sería posible cerrar el espacio a la reelección” de Bukele, pues “legalmente la sala (de la Corte Suprema) ha sentado precedente y lo habilita, y además sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento”.
Según el analista político Marvin Aguilar, la “única manera de que ya no se pueda permitir la reelección es que la misma sala de lo constitucional dé una nueva resolución en donde corrija lo hecho”, pero consideró que “eso no va a suceder en este momento”.
“Todo esto es cosa de interpretación de la Constitución. Se hizo un cambio jurisprudencial que quizá no ha sido el más correcto. No es ilegal, pues lo establece el máximo tribunal constitucional”, sostuvo Aguilar.
La decisión de buscar la reelección pone en evidencia “la clara intención que Bukele tiene de retener a toda costa el poder”, señaló Jaime Guevara, jefe en el Congreso de la bancada del opositor e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
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Bukele fue parte del FMLN hasta su expulsión en octubre de 2017, luego de ser señalado por insultar a una funcionaria de ese partido.
¿Qué piensan los ciudadanos?
La noticia de que Bukele buscará la reelección no les extraña, se la esperaban. Armando Rodríguez, un taxista de 54 años, aseguró que “es la mejor decisión que pudo tomar” el mandatario. “A este presidente lo critican porque trabaja, reparte la riqueza al pueblo dando muchas ayudas y eso no es asistencialismo, es devolver algo a sus gobernados”, consideró.
Algunas organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de Bukele de violar los derechos de las personas mediante un régimen de excepción decretado en marzo para combatir a las pandillas. Bajo ese mecanismo han sido detenidos un poco más de 52.000 pandilleros.
Recientemente, la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, dijo que el régimen de excepción “ha resultado ser un desastre en materia de derechos humanos”.
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