El presidente boliviano, Evo Morales, expresó sus sospechas de que Estados Unidos y la oficina de control de estupefacientes de la ONU (JIFE) tienen una estrategia coordinada para vincular a su Gobierno con el narcotráfico, a raíz de la captura en Panamá de su jefe antidrogas, general René Sanabria.
«Puedo pensar que es parte de una estrategia de Estados Unidos para decir que aquí hay un ‘narcogobierno’ (…) Detienen al general Sanabria y a los dos días la JIFE dice que no es suficiente la reducción del cultivo de coca. A los días, el departamento de Estado dice que fracasó la lucha contra el narcotráfico», dijo.
El mandatario respondió así en rueda de prensa a una pregunta sobre las críticas de la oposición a su ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por la detención en Panamá el 24 febrero del ex jefe de la fuerza antidrogas de 2007 a 2009, luego funcionario de esa cartera y ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
Morales también criticó que Washington destaque a Colombia como «mejor país en la lucha contra el narcotráfico«, pese a que «es uno de los mayores productores de hoja de coca y exportador de cocaína», e ironizó que Bolivia sería «el mejor» si aceptase «bases militares y a la DEA» (agencia antinarcóticos estadounidense).
Fustigó a quienes piden el retorno de la DEA, que expulsó de Bolivia cuando Sanabria era jefe antidrogas en 2008, por usar el narcotráfico para «desgastar o sepultar políticamente» a quienes, como él, «no comparten el sistema capitalista o el imperialismo».
Morales aseguró que si Sanabria está vinculado con drogas «es su problema y tiene que defenderse ante la justicia», al igual que otros 40 policías bolivianos que están presos por delitos similares.
Una fiscal de La Paz ordenó detener a Lourdes Nava, esposa de Sanabria y sospechosa integrar la red de narcotráfico de su marido.
El 25 de febrero, un día después de la detención de Sanabria en Panamá, Nava y uno de sus hijos fueron a las oficinas del Centro de Inteligencia y Generación de Información del Ministerio de Gobierno, que dirigía el general, y ordenaron quemar una agenda y los papeles de dos archivos, según medios locales.
Morales criticó además al senador de oposición Roger Pinto, que pide procesar a Llorenti por «complicidad» con el narcotráfico, y lo amenazó con un juicio si no presenta pruebas de tal acusación.