El expresidente guatemalteco Otto Pérez, cuya renuncia fue aceptada este jueves en el Congreso, comparece ante la justicia acusado de corrupción y podría ser enviado a prisión preventiva a sólo tres días de las elecciones generales.
Con el voto a favor de 116 diputados presentes -de 158 en total-, los parlamentarios aceptaron este jueves la renuncia del mandatario, quien enfrenta cargos por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo, según la acusación de la Fiscalía.
Poco después, el exjuez de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado juró ante el Congreso como presidente hasta la conclusión del período de Pérez, el 14 de enero próximo.
«Nuestro pueblo ha sido protagonista de grandes momentos de cambio y conmoción de las instituciones, movilizado por su disgusto con esquemas descompuestos. El proceso de deterioro fue prolongado», comentó el nuevo gobernante, de 79 años, tras ser investido por el presidente del Congreso, el diputado opositor Luis Rabbé.
Pérez, en tanto, comparece desde la mañana del jueves ante el juez del caso, Miguel Ángel Gálvez.
«Estoy tranquilo y voy a enfrentar la situación con valentía, porque no he hecho las cosas mal«, declaró el ahora expresidente a una radioemisora local poco antes de ir a los tribunales, adonde llegó de traje negro, corbata roja y camisa a rayas. Se le veía sereno, pero demacrado.
En su carta de renuncia, Pérez, un general retirado de 64 años experto en contrainsurgencia, sostiene que enfrentará «con la conciencia tranquila los procesos que correspondan».
«Teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto», subrayó.
Pocas horas antes de enviar la carta al Congreso el juez Gálvez había emitido una orden de captura en su contra por los delitos que le imputa la Fiscalía y una Comisión de la ONU contra la impunidad en el país.
Julia Barrera, vocera de la Fiscalía, explicó a la AFP que se iba a solicitar ligarlo al proceso judicial y dictarle prisión preventiva.
En tanto, la Fiscal General Thelma Aldana, asegura que tienen suficientes pruebas contra el gobernante para lograr en un eventual juicio una sentencia condenatoria.
Grupos de guatemaltecos celebraron frente a la Corte Suprema haciendo sonar pitos y coreando consignas: «Otto ladrón, te vas a ir a Pavón», en referencia a una de las principales cárceles del país.
«Era lo que el pueblo quería. No hay duda que el presidente tiene participación (en el fraude) y de un momento a otro esto tenía que pasar», dijo a la AFP Pamela Saravia, una desempleada de 34 años que tocaba un tambor en las afueras de la Corte.
En otro punto de la ciudad, en la Plaza de la Constitución, entre quienes festejaban estaba la Premio Nobel de la Paz, la líder indígena Rigoberta Menchú: «Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales», declaró.
La renuncia del mandatario ocurre tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Según las encuestas, se necesitará una segunda ronda el 25 de octubre.
La crisis política se desató en abril pasado tras destaparse que existía una red denominada «La Línea», dedicada al cobro de sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
El escándalo provocó el 8 de mayo la renuncia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien actualmente está en prisión preventiva.
La situación se agravó el pasado 21 de agosto, cuando Pérez fue acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la ONU, de ser uno de los cabecillas de la red.
«Estoy dispuesto a enfrentarlos (a la Cicig y la Fiscalía), voy en una gran desventaja porque tienen toda la intención de destruirme pero vamos a confiar», afirmó Pérez en sus declaraciones a la radio local.
Antes de la renuncia, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, rechazó por unanimidad recursos de amparo a favor del mandatario.
Pérez llegó al poder en enero de 2012 en medio de una gran expectativa por sus promesas de realizar un «gobierno transparente» y de «mano dura» contra la violencia criminal que sufre este país de 15 millones de habitantes, desangrado por una guerra civil de 36 años (1960-1996).