Diez meses después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya le otorgara a Nicaragua una buena porción del mar Caribe, antes bajo soberanía colombiana, el Gobierno colombiano presentó su estrategia frente a dicha sentencia.
Luego de consultar expertos internacionalistas, abogados colombianos y la firma internacional Volterra Fietta, el presidente Juan Manuel Santos ratificó lo que dijo el mismo día que la Corte emitió su veredicto: “El fallo es inaplicable”.
Santos aseguró que hoy “continúa la indignación de todos los colombianos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pretende entregar a Nicaragua una porción significativa de sus derechos económicos históricos en el Caribe” e hizo énfasis en que su gobierno “heredó el manejo de un proceso que llevaba más de una década”.
El presidente aseguró que tras meses de consultas, su “gobierno definió una estrategia jurídica y política para reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el apoyo de reconocidos abogados nacionales e internacionales”. En un discurso de casi media hora, Santos presentó los cuatro puntos de su estrategia: el fallo es inaplicable hasta tanto se celebre un tratado, consolidación del archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral, continuar protegiendo la Reserva Seaflower y contener el expansionismo de Nicaragua.
Esta estrategia muestra que se llegó a ella pensando más en el ambiente interno y coyuntural, que en la proyección regional en el mediano y largo plazo. En su alocución, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la decisión como una estrategia basada en criterios “jurídicos y técnicos”. No obstante, ese primer punto que califica al fallo como “inaplicable” por su propia naturaleza es antijurídica y contradice la versión de Santos, de respeto por los principios de derecho internacional. Precisamente va en contra de que lo pactado se respeta pacta sunt servanda porque el Estado colombiano, aunque no fuera durante este gobierno, se había sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
En el siguiente punto afirmó: “Tanto el derecho nacional como el derecho internacional les reconocen a todas las islas y cayos del archipiélago unas áreas marítimas muy importantes: el mar territorial y la zona contigua. Por eso, con base en las leyes colombianas y teniendo en cuenta principios claros de derecho internacional, se expide un decreto con los derechos de jurisdicción y control que reconoce el derecho internacional sobre dichas zonas. Se declara la existencia de una Zona Contigua Integral, a través de la cual se unen las zonas contiguas de todas las islas y cayos en el mar Caribe Occidental, desde Serranilla al norte y Alburquerque al sur, en la cual se ejerce plena jurisdicción y control”.
Este elemento, que prevé el reconocimiento de una zona contigua para los dos cayos enclavados en aguas de Nicaragua según la decisión de la Corte, significaría un cambio en la posición de gobierno, porque implica reconocer de alguna forma el fallo. Al alegar una zona contigua que defienda a estos territorios de consecuencias negativas atribuibles a la decisión de la CIJ, se estaría reconociendo que esa sentencia sí se está tomando en cuenta a la hora de fijar la frontera.
Como tercera medida anunció: “Se acudirá a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la Reserva Seaflower, en la que Colombia ha adelantado labores de pesca desde hace siglos”. La ofensiva diplomática para la defensa de la reserva Seaflower y para evitar que a Nicaragua le sea concedida la plataforma continental que acercaría sus territorios a Cartagena –“Colombia está enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor”– son los dos puntos más realizables aludidos por el Gobierno. Es más, las acciones encaminadas a ello ya iniciaron.
De otra parte, con el anuncio del presidente queda claro que corresponderá al próximo gobierno gestionar la aplicación condicionada del fallo. Hasta ahora Santos parece alcanzar su objetivo de acallar las críticas internas que le habían exigido desconocer la sentencia y calmar, al mismo tiempo, a la comunidad internacional, porque jamás se mencionó la palabra desacato. Como resulta obvio, se trata de una estrategia para ganar tiempo. Por lo tanto, para saber su alcance habrá que ver la reacción interna y regional frente al anuncio.
Con esta decisión el Gobierno abrió la posibilidad para que el tema del fallo se dinamice por las lógicas electorales de 2014 y desperdició una oportunidad histórica para promover una cultura internacional utilizando como fondo el fallo. La coyuntura ha sido una prueba para la tradición legalista de la que tanto Colombia se ha ufanado, como única democracia (junto con Costa Rica y Venezuela) que sobrevivió el golpismo militar, rasgo continental durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX.
*Profesor Universidad del Rosario.