Carteles, palos y banderas desfilaron el viernes por las calles de Lima, al unísono de gritos y protestas contra el gobierno. Lemas como “¡La selva no se vende!” y “¡Alan asesino, igual que el Chino!”, fueron repetidos una y otra vez por los más de 10.000 indígenas, estudiantes, sindicalistas y activistas sociales que exigían justicia a las autoridades peruanas.
Es la misma demanda que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos vienen repitiendo, en forma de denuncia, desde la semana pasada, cuando escuadrones de la Policía quisieron reprimir una protesta indígena en la Amazonia peruana y ocasionaron graves disturbios que, hasta el momento y según cifras oficiales, cobraron la vida de 33 personas.
Y ayer, mientras algunos estudiantes que intentaban romper el cerco policial propiciaron desórdenes, el presidente Alan García dio su propia visión de los hechos. “En Bagua se perpetró un genocidio de policías”, dijo durante una visita al puerto de Callao.
Pero su señalamiento tuvo respuesta. Desde Bruselas, dos activistas ambientales denunciaron que la Policía escondió los cuerpos de varios indígenas para minimizar la situación. Thomas Quirynen y Marijke Deleu se encontraban en la ciudad amazónica de Bagua la semana pasada y vieron cómo “los indígenas fueron objeto de una violencia desproporcionada, pues les dispararon desde tanques y helicópteros sin que tuvieran oportunidad de esconderse”.
Pero todo indica que las voces en contra de la versión oficial no serán atendidas. Como ocurrió en el Congreso, donde la coalición oficialista decidió suspender por 120 días a siete congresistas del opositor Partido Nacionalista Peruano, que habían mostrado su apoyo a las denuncias indígenas. La decisión no fue sometida a voto y se tomó sin la presencia de los afectados.