En medio de las fuertes tensiones desencadenadas por la probable estatización del sistema de pensiones argentino, esta semana se dio la primera decisión judicial sobre el tema.
La jueza federal Cristina Garzón de Lascano, de la ciudad de Córdoba (en el centro del país), ordenó a la administradora Orígenes congelar los aportes voluntarios realizados por Daniel Ubaldo García, que ascienden a unos 6.551 pesos argentinos (alrededor de cuatro millones de pesos colombianos).
Esta decisión marca un importante precedente de cara a la aprobación del proyecto presentado por el gobierno y que comenzó a ser discutido el jueves en el Congreso argentino. Según cuentas de la prensa local, el oficialismo no tendría aseguradas las mayorías legislativas por el distanciamiento entre las principales fuerzas de coalición, el Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido Justicialista, liderado por el ex presidente Néstor Kirchner.
Mientras el gobierno intenta dirimir sus diferencias con la oposición, el descontento popular comienza a notarse. Miles de personas, entre las que se encontraban diputados opositores, empleados de los fondos de pensiones, activistas estudiantiles y miembros de centrales agrarias, salieron esta semana para protestar contra el proyecto. Con pancartas, gritos y golpes de cacerolas, los manifestantes expresaron su rechazo a la iniciativa que traspasaría al Estado activos por US$23.000 millones.
Al cierre de esta edición no se conocía el resultado de la votación en el Congreso.